En Luisiana, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.
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"Todas las personas detenidas como esclavos" dentro de los estados rebeldes "son, y en adelante serán libres".
Así, el presidente estadounidense Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863.
Sin embargo, y 159 años después, aún existe una excepción. La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.
En las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, cinco estados votaron por eliminar el trabajo forzoso en las cárceles.
Los electores de Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre pasado eliminar de las constituciones estatales las exenciones que permiten la esclavitud o la servidumbre involuntaria, en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.
El resultado podría permitir a los presos presentar demandas contra el trabajo forzoso en el sistema de justicia penal, dicen expertos.
Pero un quinto estado decidió mantener la legalidad del trabajo forzado en las cárceles: Luisiana.
¿Por qué?
Hacemos un repaso de esta particular situación en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se celebra este 2 de diciembre.
El trabajo penitenciario es una industria multimillonaria en Estados Unidos.
Unos 800.000 presos trabajan actualmente en Estados Unidos por centavos, o por nada, según las cifras que citan los expertos.
Siete estados no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo y los presos pueden ser castigados si se niegan a trabajar, según un artículo del periodista de la BBC en Washington, Max Matza.
Luisiana en particular tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más notorios del país.
La Penitenciaría Estatal de Luisiana es la única prisión de alta seguridad para hombres en el estado y la más grande de EE.UU.
Ocupa un poco más de 72 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York.
Es conocida como "La Alcatraz del sur" y como "Angola", por el país africano de donde provinieron muchos de los esclavos que trabajaban en la plantación de algodón que existía en ese mismo lugar a finales del siglo XIX (algunos historiadores sostienen que este dato es erróneo porque el comercio internacional de esclavos fue prohibido en 1807, por lo que es poco probable que décadas más tarde los trabajadores de la plantación hubieran nacido en África).
En esta prisión están detenidos más de 5.000 hombres, un gran porcentaje de ellos son negros.
Entre la gran variedad de trabajos, los prisioneros todavía cultivan y cosechan algodón.
Prisión "Angola" en Luisiana en 1933.
"Si los trabajadores se niegan a trabajar, son castigados. Peones bien educados trabajan en las casas de los capataces, cocinando y limpiando. Duermen en pequeños dormitorios y se les paga de 2 a 20 centavos por hora, que solo pueden gastar en el lugar", describe el diario The Washington Post.
Luisiana votó a favor de mantener la excepción de la esclavitud en la votación de las elecciones de medio término después de que el legislador que había impulsado la iniciativa electoral se retractara.
Edmond Jordan, un representante estatal demócrata de la ciudad de Baton Rouge, dijo que retiró su apoyo inicial a la medida después de que una lectura más detallada de la ley propuesta lo llevó a creer que en realidad podría haber ampliado las protecciones para la esclavitud.
Actualmente, la ley establece que "están prohibidas la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto en este último caso como castigo de un delito".
La nueva propuesta sugería eliminar la frase: "excepto en este último caso como castigo por un delito".
Pero la redacción alternativa planteaba confusiones.
Se podía interpretar que tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria podrían permitirse en ciertas circunstancias pese a que en la constitución vigente la esclavitud está explícitamente prohibida.
En una entrevista con la BBC tras las elecciones del 8 de noviembre, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería "hacer daño" y que mantener la ley no empeoría la situación actual.
Dijo que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.
Cuando se le preguntó si le preocupaba que la ley propuesta pudiera haber permitido la continuidad de la esclavitud, el legislador citó la decisión de la Corte Suprema en junio de invalidar el derecho nacional al aborto después de 40 años como ley establecida.
"Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te habría dicho que la probabilidad de que fuera una amenaza sería casi nula, porque está prohibido a nivel federal", afirmó.
"Pero después de Roe v Wade -la reversión de cosas que alguna vez pensamos que eran leyes bien establecidas-, no quiero correr el riesgo con algo que creemos que está bien resuelto".
Los defensores del cambio en la ley opinan que es necesario para prevenir el abuso de prisioneros.
Y esperan eliminar la misma exención de la Enmienda 13 de la Constitución nacional de Estados Unidos, que abolió la esclavitud pero mantuvo un vacío legal.
Curtis Davis III, un exprisionero de Luisiana que fue indultado después de 25 años cuando se volvió a investigar su caso de asesinato, dijo que cree que hubo un "truco político" detrás de escena en las últimas elecciones.
Sus sospechas sobre el retiro de apoyo a la medida se deben a que el estado es uno de los pocos que aún condena a los presos a "trabajos forzados".
Para Davis, a algunos legisladores les preocupa que el nuevo lenguaje en el proyecto de ley pudiera potencialmente invalidar las sentencias judiciales dictadas a miles de prisioneros en Luisiana.
Jordan negó que los trabajos forzados hayan contribuido a su decisión.
Pese al rechazo de Luisiana, Davis opinó que no está decepcionado de que su estado no haya cambiado la ley.
Según él, el objetivo principal es cambiar la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que reemplaza a las constituciones estatales.
Para cambiar la Enmienda 13 se requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso de EE.UU., o por una convención constitucional en la que dos tercios de las legislaturas estatales voten para apoyar el cambio.
Todavía hay más de una docena de estados que incluyen un lenguaje que permite la esclavitud y la servidumbre involuntaria de los presos, según la agencia de noticias Associated Press.
Varios otros estados ni siquiera mencionan la esclavitud o el trabajo penitenciario forzoso en sus legislaciones.
PURANOTICIA // BBC MUNDO
