Sin embargo, el gobierno debe darles a los migrantes "la oportunidad de impugnar su expulsión", algo que no ocurrió en marzo cuando deportaron a cientos de venezolanos a El Salvador..
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De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la "megacárcel" de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes "la oportunidad de impugnar su expulsión", algo que no ocurrió en marzo.
"La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción", escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
"Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EE.UU. del lado de Francia", explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EE.UU. NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EE.UU. mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945), respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6.000 "extranjeros enemigos", muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. registró a 480.000 "extranjeros enemigos" alemanes y arrestó a 6.300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EE.UU.
Fue así como más de 30.000 personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba "perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU".
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que "no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales" sean "detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros".
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
"La ley de 1798 es clara en el sentido de que una 'invasión o incursión depredadora' debe ser realizada por una 'nación o gobierno extranjero' para que pueda invocarse", explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
"La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad", explicó Tichenor.
"La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración", agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EE.UU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EE.UU. para determinar que sí lo eran.
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
"Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz", agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye "un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales".
"Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EE.UU.", afirmó la organización no partidista en un comunicado.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
