"Quienes se adhieren a este tipo de conducta se exponen a las mismas sanciones y agravan aún más la crisis entre Brasil y Estados Unidos", han advertido al respecto de la denuncia de la Fiscalía.
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La Fiscalía de Brasil ha denunciado al diputado Eduardo Bolsonaro -hijo del expresidente Jair Bolsonaro- y al comentarista Paulo Figueiredo -nieto del último presidente de la dictadura militar, João Batista Figueiredo- por un presunto delito de coacción cometido en el proceso judicial por intento de golpe de Estado.
"El fiscal general de la República, Paulo Gonet Branco, ha denunciado a Eduardo Bolsonaro y Paulo Renato Figueiredo Filho ante el Tribunal Supremo Federal (STF) por coacción en un proceso judicial", ha anunciado a través de su canal de Whatsapp en un mensaje que recoge que, según la denuncia, "ambos emprendieron acciones para intervenir en procesos con el objetivo de beneficiar al expresidente y al propio Paulo Renato Figueiredo Filho".
El organismo ha precisado que se les acusa de infringir el artículo 344 del Código Penal, que aborda "el uso de la violencia o amenazas graves para favorecer intereses propios o de terceros en procesos judiciales, policiales o administrativos".
"Los denunciados actuaron de forma reiterada para someter los intereses de la República a sus intereses personales y familiares", recoge el texto acerca de la acusación presentada por Gonet, que afirma que Bolsonaro y Figueiredo se habrían servido, incluso, de "amenazas relacionadas con sanciones de gobiernos extranjeros".
Ante la denuncia, que solicita también "la reparación de los daños derivados de las acciones delictivas", los acusados, residentes en Estados Unidos, han hecho pública un nota firmada por ambos y publicada en la cuenta de Eduardo Bolsonaro en la red social X reivindicando su "derecho a solicitar al Gobierno (estadounidense) que corrija los abusos y las injusticias".
"Vivimos en Estados Unidos, por lo tanto, bajo la jurisdicción de la Constitución estadounidense, cuya primera enmienda garantiza el derecho a 'petition the Government for a redress of grievances' (solicitar al Gobierno que corrija los abusos y las injusticias). Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, y seguiremos haciendo", han señalado en su mensaje.
Bolsonaro y Figueiredo han argumentado que la "criminalización del ejercicio de un derecho constitucional en otra jurisdicción constituye una práctica de represión transnacional contra personas de Estados Unidos", pese a que ambos tienen únicamente nacionalidad brasileña.
Con todo, han defendido que acciones como la del fiscal Gonet coinciden con "las bases de las sanciones impuestas a Alexandre de Moraes por violaciones de los Derechos Humanos, así como de los aranceles comerciales impuestos a Brasil" por parte de la Administración del presidente Donald Trump.
"Quienes se adhieren a este tipo de conducta se exponen a las mismas sanciones y agravan aún más la crisis entre Brasil y Estados Unidos", han advertido al respecto de la denuncia de la Fiscalía.
Para los acusados, este nuevo proceso "pone de manifiesto la persecución política", pero "es una pérdida de tiempo". "Esto solo refuerza lo que hemos afirmado repetidamente: que la amnistía amplia, general e irrestricta es el único camino para Brasil", han afirmado, subrayando que "las medias tintas solo agravarán el problema".
La denuncia de la Fiscalía brasileña ha llegado apenas cinco días después de que la Cámara de Diputados de Brasil aprobase una solicitud para tramitar de urgencia la ley que otorgaría la amnistía a los participantes en las protestas y actos violentos desde el inicio de las protestas contra la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el 30 de octubre de 2022, hasta la fecha en la que se produciría la hipotética entrada en vigor de la norma.
La norma podría incluir, si se aplicase en el ámbito más amplio, al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sentenciado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, y a los demás condenados en la trama.
Ya en mayo, el juez del Tribunal Supremo De Moraes abrió una investigación contra Eduardo Bolsonaro por sus acciones en Washington, desde donde inició una campaña para defender la inocencia de su padre, incurriendo presuntamente en los delitos de obstrucción a las investigaciones, coacción durante el proceso en curso y atentado a la soberanía de Brasil.
PURANOTICIA
