El acuerdo de paz llevó a la creación de la Autoridad Palestina (AP), cuyo objetivo era servir de autogobierno interino por cinco años, mientras las negociaciones resolvían las cuestiones centrales pendientes del conflicto.
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Esta semana se produjo el trigésimo aniversario de los trascendentales Acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. El acuerdo de paz llevó a la creación de la Autoridad Palestina (AP), cuyo objetivo era servir de autogobierno interino por cinco años, mientras las negociaciones resolvían las cuestiones centrales pendientes del conflicto.
Hoy, casi una década después del colapso de las conversaciones de paz, la AP sigue vigente, pero está perdiendo su legitimidad.
Con sus restaurantes vibrantes, centros comerciales bulliciosos y nuevos edificios en construcción, la próspera Ramala se ha convertido en sinónimo de la AP.
Desde 1993, cuando se firmó en la Casa Blanca el primero de un par de tratados conocidos como los Acuerdos de Oslo, el dinero de los donantes extranjeros ha llegado a esta ciudad de Cisjordania al norte de Jerusalén.
Sus calles están pobladas por elegantes ministerios gubernamentales con carteles y papelería de oficina que los sitúa en el Estado de Palestina.
Pero los palestinos son muy conscientes de que esto es solo una fachada.
En lo que respecta a los palestinos, la AP debería haber sido reemplazada por un gobierno electo, que controlaría su propio estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, con su capital en Jerusalén Oriental.
Ese sueño se ha vuelto cada vez más lejano.
“Las cosas están mal y van retrocediendo”, me dice Um Nabil, un comerciante de mediana edad de la plaza al-Manara en Ramala.
“Nuestras vidas están ahora plagadas de inestabilidad”.
Mientras que las encuestas de opinión indican que los Acuerdos de Oslo contaban originalmente con el apoyo de dos tercios de los palestinos, el enorme optimismo que generaron ha sido reemplazado por una profunda tristeza.
“Hay simplemente una percepción abrumadora de que el liderazgo palestino cometió un gran error hace unos 30 años”, dice el veterano encuestador palestino Khalil Shikaki.
“La creencia de que la solución de dos estados ya no es viable también es abrumadora, y eso hace que la gente se deprima aun más”.
La realidad de la vida de los palestinos es una ocupación militar agobiante. No importa qué camino elijan para salir de Ramala, se encontrarán con puestos de control israelíes, soldados y asentamientos.
En el momento en que se firmaron los acuerdos en 1993, había poco más de 110.000 colonos judíos viviendo en Cisjordania. Hoy, la cifra supera los 700.000.
Los asentamientos son considerados ilegales bajo la ley internacional, pero Israel siempre ha puesto esto en disputa.
Ahora Israel tiene el gobierno de más línea dura de su historia, con ministros religiosos nacionalistas que abogan por la anexión de Cisjordania.
Del otro lado, la AP –dominada por la facción Fatah del presidente palestino- es débil y carece de iniciativas para forzar a Israel a que deje de expandirse en tierras que se desean para un futuro Estado Palestino.
Cuando se firmaron los acuerdos, había poco más de 110.000 colonos judíos viviendo en Cisjordania. Hoy son más de 700.000.
Es corrupta y autoritaria, y vista con frecuencia como una herramienta de la ocupación palestina.
Hay un gran resentimiento por la forma en que las fuerzas de seguridad de la AP se coordinan con el ejército israelí para arrestar a palestinos que presuntamente planean realizar ataques contra israelíes.
Miembros del público también ven que funcionarios de alto rango de la AP disfrutan de salarios elevados y permisos para ellos y sus familias para viajes de lujo que pasan por alto las restricciones de movimiento impuestas por Israel.
Creen que usan su estatus para ayudar a sus aliados a ganar acceso a esos permisos, así como a codiciados puestos y contratos públicos.
Alrededor de un 60% del público palestino ve ahora a la Autoridad Palestina como una carga, según los sondeos de Shikaki.
Hace seis meses, una pequeña mayoría dijo incluso que su colapso resultaría en favor de los intereses nacionales.
Luego de que Israel tomara Cisjordania y Gaza de manos de Jordania y Egipto en la Guerra de Medio Oriente de 1967, sus gobernadores militares dirigieron estos territorios directamente.
Entretanto, Jerusalén Oriental fue anexada a Israel en una medida que no fue reconocida internacionalmente.
Como resultado de los Acuerdos de Oslo, los líderes de la Organización para la Liberación Palestina (OLP) -que fue reconocida por Israel como el representante legítimo del pueblo palestino- regresaron del exilio.
La OLP renunció al terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz.
Con Yasser Arafat como presidente, la recientemente creada AP comenzó a hacerse cargo de servicios básicos como la salud, la educación y la vigilancia en Gaza y partes de Cisjordania.
Un 60% de Cisjordania quedó bajo el control total de Israel, pero los palestinos esperaban expandir su influencia con el tiempo. Solo tuvieron que pasar unos pocos años para que el progreso se detuviera por completo.
Al colapso de los acuerdos de paz en Camp David en 2000 le siguió la furia palestina cuando el líder de la oposición israelí visitó el lugar sagrado más sensible de Jerusalén -el complejo de la mezquita de al-Aqsa, conocido por los judíos como el Monte del Templo- con el objetivo de promover allí la soberanía israelí.
La violencia mortal de la segunda intifada palestina, o levantamiento, hizo añicos el proceso de paz y fortaleció a la derecha israelí de línea dura.
Si bien más tarde hubo negociaciones mediadas por Estados Unidos, no llegaron a mucho. La última ronda de conversaciones fracasó en 2014.
En su confortable oficina de Ramala me encuentro con Sabri Saidam, exministro de Educación de la AP que ahora es subsecretario general del Comité Central de Fatah. Él rechaza la idea de que la AP es ineficiente, describiendo su creación como “un hito”.
Su mensaje es que apuntalarla preseva la posibilidad de la solución de dos estados, la fórmula internacional para la paz.
“No es el final, pero refleja un logro que los palestinos quisieran preservar”, dice, detallando cómo la AP ha ayudado a consolidar la identidad palestina, a establecer instituciones, reforzar la ley y el orden y asumir la responsabilidad de decenas de miles de trabajadores estatales.
Con problemas de liquidez para pagar el salario completo a sus empleados, Saidam urge a los donantes internacionales a que den un paso al frente, dando a entender que si no lo hacen puede sobrevenir el colapso y el caos.
Lo que socava la legimitidad de la AP es su constante tendencia hacia la autocracia.
Las elecciones presidenciales llevaron a Mahmoud Abbas al poder por un mandato de cuatro años en 2005, pero ahora, con 87 años, como líder de la AP y la OLP, continúa en el cargo por decreto propio supervisando un sistema cada vez más fallido.
Las últimas elecciones parlamentarias en 2006 dieron como ganador al enemigo acérrimo de Fatha, el partido islamista Hamás, que está comprometido con la destrucción de Israel.
Los esfuerzos por formar un gobierno de unidad que el mundo pueda aceptar fracasaron finalmente en 2007, cuando Hamás tomó el control de Gaza, después de días de mortíferos enfrentamientos entre facciones.
Hamás continúa gobernando, mientras persisten las riñas políticas internas. El Parlamento continúa suspendido.
Aunque criticar a la AP –incluso en las redes sociales- es cada vez más peligroso, aquellos que levantan la voz argumentan que hoy día la organización está preocupada por su propia supervivencia y por mantener los beneficios para sus líderes.
“Es lo opuesto a la autodeterminación y al autobierno”, se queja Diana Buttu, una abogada palestino-canadiense y exportavoz de la OLP. “Se ha vuelto una dictadura dirigida por quienes no fueron elegidos, sin una conexión real con ningún proceso político”.
Hoy, los palestinos menores de 35 años no han votado nunca en una elección general. Buttu y otros como ella piden nuevas elecciones y un impulso definitivo de las potencias internacionales para obligar a Israel a salir de los territorios ocupados.
Sin embargo, los actores internacionales no parecen dispuestos a tomar medidas audaces.
En el corazón de Ramala, el legado de Oslo moldea la vida cotidiana y los trabajadores de la AP salen de sus oficinas y los alumnos de las escuelas gubernamentales regresan a sus casas.
Aún así, personas de todas las edades están preocupadas.
Hay un temor inminente de que que surjan conflictos internos cuando el impopular y anciano presidente abandone finalmente el escenario político sin dejar un sucesor claro, y a eso se suma el estrés de las noticias diarias.
Una mujer de unos 20 años cuenta cómo dos hermanos de un pueblo fueron asesinados el mismo día por tropas israelíes durante una incursión a fines del año pasado.
“Su pobre madre recibió las noticias como si le cayera un rayo”, dice.
Abu Saleh, comerciante, dice que no dejará que sus cuatro hijos dejen la ciudad. “Tengo miedo de que se crucen en el camino con el ejército israelí y con colonos”, explica.
Saleh ya no visita a su hermano que vive a una hora de allí en auto, en Naplusa.
Los últimos meses han sido los más sangrientos en Cisjordania en años, con redadas israelíes regulares, una serie de tiroteos por parte de militantes palestinos y una violencia creciente por parte de colonos extremistas.
Algunos lugares en Cisjordania –sobre todo en áreas conflictivas de Naplusa y Yenín- han quedado fuera del control de la AP.
La pérdida de fe en los líderes de la AP ha hecho que aumente el número de militantes de Hamás y la Yihad Islámica aún comprometidos con la lucha armada contra Israel, y ha llevado a la creación de grupos nuevos más localizados.
“Estamos tan cansados”, suspira la joven en Ramala, sintentizando el sentir general. “Solo queremos que termine este conflicto”. Pero a tres décadas de un acuerdo histórico, no hay un final a la vista.
Si bien existe una gran frustación con la AP actual –su papel internacional entrelazado ahora con el de la OLP- a esta se suma la sensación de que también controla los únicos mecanismos reales para progresar hacia la paz.
