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Distintas organizaciones ingresaron una iniciativa popular de norma constitucional para consagrar el derecho de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en la nueva Constitución.
La propuesta ha recibido el apoyo de distintos convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, como Benito Baranda y Valentina Miranda, además de otros como Cristina Dorador, Patricia Politzer, Ignacio Achurra, Bárbara Sepúlveda y el exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.
Desde el ex-Congreso de Santiago, el director ejecutivo de World Visión Chile, Harry Grayde, acusó que "más de 70% de los niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia en alguna parte del desarrollo de su vida, el 50% sufre violencia en su hogar".
Estas "son cifras que debieran alarmarnos, que esperamos que signifiquen un llamado a nuestra sociedad, que las personas quieran firmar por nuestra iniciativa popular de norma", añadió.
Grayde afirmó que están "ad portas de llegar a las 4 mil firmas", por lo que "aún nos faltan 11 mil firmas, y esto no lo vamos a poder lograr sin la ayuda de todos y todas". Por ello, llamó a ingresar a http://compromisoconlaninez.org/ para averiguar más sobre la norma y darle un eventual respaldo.
“La principal importancia que tiene aprobar esta iniciativa popular de norma tiene relación con que en la Constitución quede establecido que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en un entorno familiar y tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia”, afirmó.
En tanto, el presidente de Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, lamentó que “estamos en una situación muy compleja para los derechos de la niñez", remarcando que "hace falta un reconocimiento constitucional de sus derechos y una ley integral que aún no ha sido aprobada, sobre todo por una falta de voluntad política".
Según detalla la plataforma de la Convención, la iniciativa busca establecer tres articulados respecto los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la nueva Carta Magna.
El primero señala que los NNA "son titulares de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes nacionales, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile".
Asimismo, "el Estado respetará, promoverá y garantizará la protección integral de la niñez mediante la adopción de medidas de toda índole, las cuales se dirigirán al pleno ejercicio de sus derechos civiles y sociales. Estas medidas deberán satisfacer su interés superior y permitir, sin discriminación, el ejercicio efectivo de dichos derechos conforme a la evolución de sus facultades y madurez".
También establece que "se deberá garantizar la participación efectiva" de los NNA y que ellos "prevalecen por sobre los derechos de las demás personas".
En tanto, el segundo punto consigna que los NNA " tienen derecho a crecer y desarrollarse en un entorno familiar. Las familias cumplen un rol fundamental para orientar el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia".
Para ello, el Estado deberá "velar por el fortalecimiento de las familias, mediante políticas públicas multisectoriales que estén dirigidas a promover el derecho a la vida familiar y a prevenir vulneraciones que puedan amenazar su pleno ejercicio.".
"Si habiendo agotado todas las medidas de protección aplicables en el entorno familiar, los niños, niñas y adolescentes son separados de sus familias, el Estado procurará que las instituciones de protección cumplan con los más altos estándares de funcionamiento y condiciones que permitan la reparación y restitución eficaz de los derechos menoscabados, previniendo nuevas vulneraciones", añade el texto.
Finalmente, el tercer artículo indica que los NNA "tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia".
"La erradicación de la violencia contra la niñez será declarada un asunto del más alto interés nacional. Para ello, el Estado diseñará estrategias para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de la integridad personal, cuando la violencia provenga de las familias, la comunidad, del Estado, o de privados actuando en su nombre", complementa.
PURANOTICIA
