La Comisión de Venecia surgió en 1990 frente a la necesidad de generar asistencia constitucional en Europa central y oriental tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética.
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Este viernes se dio a conocer el informe final que fue elaborado por la Comisión de Venecia respecto al trabajo desarrollado en la Convención Constitucional.
Formada por expertos independientes, la entidad es un órgano consultivo con sede en Venecia (Italia) y cuyo objetivo es asesorar legalmente a sus 62 estados miembros, entre los que aparece Chile y los 47 países del Consejo de Europa. Surgió en 1990 frente a la necesidad de generar asistencia constitucional en Europa central y oriental tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética.
La instancia llegó a Chile después de que un grupo de senadores enviase una carta el pasado 5 de enero, en la cual exhibieron inquietudes y preocupaciones frente a algunas normas aprobadas al interior del órgano constituyente.
De esta forma, la comisión arribó a nuestro país el 28 de febrero, en una delegación compuesta por la secretaria general de la Comisión de Venecia, Simona Granata-Menghini; el expresidente del organismo, Gianni Buquicchio; los relatores del informe, Josep Castellá y Paolo Carozza; y el coordinador Serguei Kouznetsov.
Después de una ronda de reuniones para analizar el trabajo de la Convención, los redactores finalmente emitieron su informe de 29 páginas llamado “Sobre la elaboración y adopción de una nueva Constitución”.
Al comenzar, el texto consignó que “en el momento de la elaboración de esta opinión todavía no existe un texto finalizado o consolidado de la nueva Constitución de Chile. En estas circunstancias, las respuestas de la Comisión a las preguntas del Senado no pueden sino ser más bien abstractas y generales”.
Entre diversos puntos, la mesa explicó que una de las preguntas de los senadores era si la opción binaria que contempla el plebiscito de salida de la nueva Constitución era compatible con la idea de lograr "grandes acuerdos", consultando sobre la opción de ofrecer una tercera vía. Al respecto, el documento planteó que pese a ser una elección binaria, “no se excluye una votación con dos o más alternativas”.
Sin embargo, advirtió que "las reglas sobre el plebiscito son actualmente claras y se han dado a conocer a los ciudadanos y los actores políticos”, ante lo que “cambiar estas reglas correría el riesgo de trasgredir el principio de seguridad jurídica”.
Si bien por un lado señaló que "en esta etapa tan avanzada del proceso de redacción de la Constitución, parece poco probable que tal cambio en las reglas pueda evitar perturbar las expectativas y la estabilidad”, remarcó que "casi todas las personas con las que ha consultado -en una amplia gama del espectro político chileno- reconocen que debe haber algún tipo de cambio constitucional serio en Chile, basado en el consenso más amplio posible entre los chilenos”.
"La opinión de la Comisión de Venecia es que si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, debería ser a través de compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa", sentenció.
Por otro lado, los delegados señalaron que la nueva Constitución deberá ser "capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos", satisfaciendo “en la mayor medida posible, las expectativas de numerosas y muy diversas categorías de personas y grupos políticos”.
Respecto al debate sobre el bicameralismo o unicameralismo que proponen algunos convencionales, la comisión indicó que “no existe una regla general a favor o en contra".
Sin embargo, apuntó a que “el bicameralismo instituye el principio de pesos y contrapesos dentro del Poder Legislativo" y que muchos países “con estructuras federales, o incluso regionales y descentralizadas, han adoptado este sistema”, mientras que “ha estado a menudo ligado a momentos revolucionarios o de democracia radical”.
En esa línea, afirmó que "todo Estado muy descentralizado necesita una segunda cámara que garantice el diálogo entre el centro y la periferia”, por lo que el bicameralismo “es a menudo una respuesta a las diferencias regionales, a la multietnicidad y al multiculturalismo. En una sociedad en la que estos aspectos adquieren una mayor importancia, el bicameralismo es recomendable”.
Mientras que sobre la idea de incorporar escaños reservados en el Parlamento, destacó que “es una medida consistente con la realización del principio de igualdad dentro del derecho a la participación política”.
Sobre el Poder Judicial, la instancia europea señaló que “la introducción de una ‘perspectiva de género’ en la adjudicación es ciertamente una opción política y social legítima, y puede ser útil para garantizar los derechos humanos”, aunque “en ningún caso esta perspectiva debe suponer una posición privilegiada o predeterminar el resultado de un caso”.
Además, el documento también entrega conclusiones respecto al futuro del Tribunal Constitucional, al concepto de Pluralismo Jurídico y al quórum de dos tercios, entre otros puntos.
PURANOTICIA
