Editorial: Un seremi “ganadero” en la testera de Agricultura: el costo del “cuoteo” político de los parlamentarios

Cuando uno mira la composición del gabinete regional de secretarios ministeriales, se pueden contar con los dedos de una mano quienes llegan ahí más por una competencia técnica que por un padrino político. No es algo exclusivo de este gobierno, sino de todos: ayer fue la izquierda y hoy es la derecha.

La cartera de Salud, con la doctora Mariol Luan; la de Desarrollo Social, con el psicólogo Nicolás Cerda; o inclusive la de Transportes, con Matías Valenzuela, cuentan con un respaldo técnico que va más allá del cuoteo político. Sin embargo, las últimas decisiones que ha tomado el abogado Nicolás Prado García-Huidobro en la Seremi de Agricultura ponen en duda si a los cargos llegan los más preparados o los más amigos de los parlamentarios de turno.

Es entendible que, ante un estado de emergencia agrícola como el que vive nuestra región, debamos ocuparnos de ir en pronta ayuda de quienes lo han pasado mal. Sin embargo, poco o nada se entiende cuando solo se pretende privilegiar a un sector de los afectados y dejar fuera a todo un grupo que, además, es mayoría.

Puntualmente, nos referimos a los cerca de 264 millones de pesos entregados a esta cartera por parte del Gobierno Regional para hacer frente a la emergencia, pero que en su totalidad se pretenden destinar a tan solo una fracción de los damnificados. Ahora bien, cuando analizamos el origen del seremi, la situación parece entenderse un poco mejor. Como él mismo confirmó en entrevista con nuestro medio, Prado García-Huidobro proviene de una familia ganadera tradicional de la provincia de Petorca; de ahí se desprende que quiera tenderle la mano a un rubro que, minoritariamente, se ha visto golpeado por el paso del sistema frontal si se compara, por ejemplo, con las afectaciones sufridas en floricultura, horticultura, fruticultura, viveros, cultivos, invernaderos, sistemas de riego, bodegas y techumbres.

La forma en que se designa a los seremis en sus carteras queda hoy más en entredicho que nunca. No podemos tener la certeza de quién puso a quién en el gabinete regional, pero siempre quedan huellas que reflejan que la política se reparte entre amigos y no entre los más competentes o con mayor experiencia.

Por otro lado, resulta difícil de comprender que esta ayuda, entregada por el Gobierno Regional hace al menos tres semanas, no llegue a manos de los afectados sino hasta dentro de un mes más; es decir, más de 45 días después del paso del sistema frontal. Esto es especialmente grave cuando la justificación para gastar dicho monto es resguardar la vida de los animales que no tienen alimento.

Resulta necesaria no solo la supervisión de los recursos fiscales, sino también cuantificar la celeridad con la cual el Estado y las autoridades acuden en ayuda de quienes lo requieren. Hoy, el procedimiento no solo está mal ejecutado, sino que se aprovecha de un problema estructural de los pequeños ganaderos para entregar una ayuda que nace del concepto de emergencia y no de la contingencia que viven durante casi todo el año.

La forma en que se ha manejado el Seremi de Agricultura no ha sido la óptima. Deja mucho que desear en el ámbito técnico, pero la culpa no es solo suya, sino de "quien le dio el afrecho", de quien lo puso en ese lugar y de quien luchó por ese cupo: el parlamentario que se jacta dando instrucciones y repartiendo órdenes como si la autoridad debiera rendirle pleitesía por el solo hecho de haberlo instalado en un puesto de gobierno. Queremos autoridades autónomas; servidores que respondan a una comunidad y no a un teniente.