Editorial: La compleja postura ideológica del Partido Comunista que dificulta el diálogo para dar orden a las protestas

Desde una perspectiva teórica de izquierda, la doctrina marxista tradicional contempla la movilización social y la lucha de clases como herramientas válidas para impulsar cambios estructurales cuando el orden institucional se considera ilegítimo o injusto. Esta postura histórica del Partido Comunista en el Chile de 2026 dificulta el diálogo y los acuerdos a la hora de imponer orden y rayar la cancha, con el fin de evitar, por ejemplo, que el país se enfrente a un nuevo estallido social.

No podemos olvidar que el denominado estallido social de octubre de 2019 —que tanto daño le causó a Chile— comenzó con una protesta de estudiantes secundarios tras el alza de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago. Las movilizaciones se intensificaron con duros enfrentamientos contra Carabineros y llamados explícitos a no pagar el pasaje bajo el lema: “evadir, no pagar, otra forma de luchar”.

La situación se desbordó el viernes 18 de octubre, cuando múltiples estaciones de la red de Metro fueron vandalizadas, destruidas e incendiadas de forma simultánea, lo que paralizó por completo el servicio.

Hoy, en el Congreso Nacional, se discute la llamada «Ley Antibarricadas 2.0», cuyo objetivo principal es modificar el Código Penal para ampliar y endurecer las sanciones contra quienes interrumpan, obstaculicen o afecten el libre desplazamiento en la vía pública y el transporte. Como era de esperarse, el Partido Comunista se opone.

Lo que busca esta iniciativa legal es sancionar no solo el bloqueo total, sino también la obstaculización parcial de calles, carreteras y servicios de transporte público o privado (incluyendo expresamente al Metro). Con ello se pretende, precisamente, evitar que ocurra lo que vivimos en Chile en octubre de 2019.

¿Es legítimo protestar? Nuestra Constitución, en su artículo 19, número 13, consagra el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Asimismo, establece que las reuniones en plazas, calles y otros lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía (normas legales y administrativas de orden público y tránsito).

¿Por qué se opone entonces el Partido Comunista? La justificación planteada por el diputado comunista Marcos Barraza, entrevistado por nuestro medio, es que esta ley ‘’colisiona con derechos civiles’’.

¿Acaso entienden los comunistas que cortar el tránsito, tomarse un puente o paralizar el Metro constituye un derecho constitucional? ¿Dónde terminan los derechos de quien protesta? Claramente, donde comienzan los derechos de un tercero a circular libremente.

Resulta problemática la postura del diputado Barraza, quien no solo parece carecer de un argumento sólido para oponerse a una ley que busca dar un orden lógico —y que en ningún caso pretende coartar el derecho ciudadano a manifestarse, siempre que sea de manera pacífica y sin generar disturbios—.

Escuchar a Barraza es como retroceder a la época de la televisión en blanco y negro. Es el comunismo añejo, aquel incapaz de conversar y dialogar; el mismo que, en su momento, llegó a justificar el uso de las armas para imponer sus ideas. Sin embargo, los tiempos han cambiado: Chile cambió totalmente y hoy es el diálogo el que debe primar.

Es una postura compleja impulsada por actores que, a menudo, buscan distorsionar y polarizar un debate que debería abordarse con una altura de miras completamente distinta; similar, por ejemplo, a la que demuestra el Partido Socialista.