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Un violento turbazo ocurre en un servicentro de la comuna de Quillota. Los equipos policiales e investigativos logran identificar y detener a tres sujetos. En otro punto de la comuna, otro delito es perpetrado a un hombre y su pareja en San Pedro, es un robo con violencia. Sin embargo, pese a que se reconoció a los culpables, se les detuvo, el Ministerio Público de la ciudad aplicó un inentendible criterio y no dejó en prisión preventiva a los culpables. Las medidas para los detenidos fueron arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno y en el caso de un menor, la intervención del Sename.
¿Se puede robar, asaltar, generar un turbazo, con toda tranquilidad en Quillota? Es la pregunta que se nos viene encima cuando conocemos de este caso que fue dado a conocer por el diputado Andrés Longton.
El parlamentario ofició al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando analizar el actuar de dos fiscales de Quillota, quienes no pidieron la prisión preventiva de los delincuentes detenidos tras cometer asaltos violentos con armas de fuego en un servicentro y en una panadería de esta comuna de la región de Valparaíso.
Y la verdad es que cuesta entender las razones de la Fiscalía para no solicitar la prisión preventiva en estos casos. Claramente es un “actuar irracional e incomprensible” como lo dice Longton, sobre todo porque en resumen termina dejando “en libertad a delincuentes peligrosos que deberían estar privados de libertad”.
Lo que se sabe de este caso es que, pese a ser un delito que causó conmoción pública, la fiscalía evitó solicitar la medida de prisión preventiva, por considerar atenuantes la irreprochable conducta anterior de los involucrados y por estar en presencia de una menor de edad. Pero eso no es todo, porque en el otro caso del robo con violencia en San Pedro la mañana del lunes 14 de octubre, y tras el control de detención en donde fueron formalizados con su acompañante, en este caso la fiscal solicitó las medidas de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. No obstante, uno de los sujetos inmediatamente al salir del tribunal ese martes 14 de octubre se dirigió con su polola al negocio de la víctima en San Pedro, y nuevamente intimidó a los locatarios, por lo que fueron nuevamente detenidos.
Producto de este hecho, y en forma que realmente no se logra entender, el Ministerio Público tampoco solicitó medidas cautelares más gravosas y solo informó a los dos jóvenes, que se les realizará un procedimiento simplificado en donde se les podría sancionar con 540 días al principal imputado y 300 días para su acompañante.
¿Qué pasa en Quillota? ¿Estamos en una comuna donde no hay justicia? Esperamos que sea el propio Fiscal Nacional Ángel Valencia quien responda el requerimiento que le hace el parlamentario y podamos saber las razones de fondo de tan inexplicable hecho que nos deja perplejos, sobre todo entendiendo que todos los estamentos están haciendo un esfuerzo por generar un clima de seguridad, partiendo por el propio municipio quien inauguró una central de televigilancia, nuevos móviles en las calles, que se espera próximamente la tan anhelada nueva comisaria. Pero ¿de que va a servir todo el esfuerzo si los delincuentes quedan en libertad? Una verdadera incognita el actuar del Ministerio Público en Quillota.
