Editorial: Región de Valparaíso bajo la sombra de una violencia que ya no es excepcional

La región de Valparaíso está asistiendo a una transformación tan preocupante como dolorosa. En apenas unas semanas, la agenda informativa se ha llenado de hechos que hace algunos años parecían propios de otras latitudes: una balacera en Rodelillo que dejó dos jóvenes fallecidas y siete heridos; un secuestro a plena luz del día en pleno centro de Valparaíso, a metros del Congreso Nacional; el homicidio de un adolescente en Viña del Mar; y el estremecedor caso de Santa María, donde un menor de 17 años fue secuestrado, asesinado y cuyo cuerpo apareció calcinado. No se trata de episodios aislados. Son expresiones de una violencia cada vez más brutal, más visible y más normalizada.

Lo más inquietante es que estos delitos no sólo impactan por su gravedad, sino porque reflejan una realidad que hasta hace poco parecía ajena a la región. Valparaíso históricamente enfrentó problemas de delincuencia, como cualquier zona urbana importante del país, pero los secuestros, las ejecuciones a balazos, los asesinatos de adolescentes y los homicidios asociados a niveles extremos de violencia no formaban parte del paisaje cotidiano. Hoy sí. Y la ciudadanía lo percibe con claridad. Por eso las estadísticas, las comparaciones porcentuales o los análisis técnicos importan poco cuando las personas sienten que salir a la calle implica un riesgo creciente.

Resulta inevitable recordar que el actual Gobierno de José Antonio Kast llegó al poder con la seguridad pública como su gran caballito de batalla. Fue, probablemente, la promesa más potente de campaña. Millones de chilenos votaron por el Partido Republicano esperando recuperar tranquilidad, orden y control frente a una delincuencia que se expandía sin freno. Sí, tal como prometieron. Sin embargo, a poco más de tres meses de asumir el mando del país, la sensación de inseguridad sigue instalada y los hechos de violencia extrema continúan ocupando titulares prácticamente a diario.

En este contexto, sorprenden –y preocupan– las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, quien más de una vez ha atribuido el fenómeno a un problema "sociocultural" derivado de errores cometidos durante décadas en la formación de niños y jóvenes. Puede que exista algo de verdad en ese diagnóstico. Nadie discute que la descomposición social, la crisis de valores, la falta de oportunidades o el debilitamiento de ciertas estructuras familiares influyen en la aparición de conductas delictivas. Pero cuando la autoridad encargada de la seguridad enfrenta una crisis de esta magnitud, ese tipo de explicaciones suenan profundamente desconectadas de la urgencia que vive la ciudadanía (y hasta burlescas).

Porque el problema no es académico ni teórico. El problema es que hay personas que están siendo asesinadas, secuestradas o baleadas hoy. El problema es que vecinos de Rodelillo, de Santa María, de Viña del Mar o de cualquier comuna de la región no pueden esperar décadas para que se resuelvan las causas estructurales de la delincuencia. Lo que esperan son respuestas inmediatas, mayor presencia policial efectiva, investigaciones rápidas, persecución penal eficiente y señales concretas de que el Estado mantiene el control de los territorios.

Cuando las autoridades hablan de factores socioculturales mientras los homicidios aumentan, los secuestros se multiplican y los delitos violentos ocupan portadas semana tras semana, el mensaje corre el riesgo de parecer una excusa más que una solución. La gente no eligió un Gobierno para que le explique por qué existe la delincuencia. Lo eligió para combatirla. Y esa diferencia es fundamental.