Editorial: La eterna amenaza de los conductores de micros en la región de Valparaíso: nos vamos a paro

El gremio de las micros en la región de Valparaíso —y principalmente en la llamada zona concesionada— esconde una problemática de difícil solución que tiene como protagonistas a los empresarios dueños de los buses, a los choferes y al público usuario de la locomoción colectiva.

El servicio entre las comunas de Concón, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso tiene un precio bajo y subvencionado por el Estado; es lo único bueno de un sistema que no funciona como debe y que muestra su peor cara al no cumplir con su objetivo de movilizar a quienes viven en la zona. Cuando la noche cae, es prácticamente una suerte encontrar una micro. Qué hablar después de las 21:00 horas, cuando las frecuencias son simplemente nulas.

Cuando hablamos de fiscalización, esta además es nula. Existen micros que perfectamente podrían estar clonadas y máquinas estacionadas en los terminales cuyos dueños cobrarían subsidios pese a no circular por la falta de conductores. Carreras por las calles que ponen en peligro a pasajeros y transeúntes son la tónica, además de choferes bajo la influencia de las drogas. Un verdadero desastre que no se ha logrado detener y que difícilmente se solucione; a nadie en el mundo empresarial le conviene que esto cambie, que entren nuevos actores o que comience a funcionar, por ejemplo, un sistema de validadores con pago con tarjeta.

Hoy las decisiones tampoco se toman en la región. Desde el nivel central es donde se firman los contratos, se pagan las subvenciones y se sientan a negociar nuevos acuerdos, muchos de los cuales ni siquiera están firmes. Solo basta con indagar qué pasa realmente con las micros que circulan entre Villa Alemana y Valparaíso.

La locomoción colectiva en la región vive un desmadre de proporciones que se oculta bajo la promesa de que llegarán micros eléctricas o de los tan anunciados validadores. El rol que cumple EFE, además, permite tapar la verdadera precariedad de nuestro sistema de conectividad. Qué hablar de lo que sucede en Nogales, Hijuelas, La Calera, Quillota o en las provincias de Petorca, San Felipe, Los Andes y San Antonio.

Existen diferencias abismantes en el valor de los pasajes por kilómetro recorrido, y todo es culpa del nivel central, que elude su responsabilidad. Es más, el propio Gobierno Regional destinó 3 mil millones de pesos para subsidiar el transporte rural, y ni siquiera eso está funcionando como debería.

Y mientras la institucionalidad y el Estado no funcionan, los conductores recurren una y otra vez a la misma amenaza: irse a paro. Cuando en verdad lo único que desean en el gremio es que todo siga igual y que nada cambie. Al final, el Estado es el que paga.