Editorial: ¿Populismo autoritario?: la importancia del centro y, sobre todo, de Renovación Nacional y la UDI

El camino que ha elegido el Gobierno de José Antonio Kast para impulsar su agenda de seguridad enciende una alerta en todo el sistema democrático del país, debido a las consecuencias que puede acarrear la aprobación de lo que desde La Moneda se le ha presentado a la ciudadanía.

Este plan y la forma en que han sido planteadas las reformas constitucionales para enfrentar al crimen organizado no estaban previstos en ninguna parte. Lo único que están logrando es reabrir el debate sobre la Carta Magna, un tema que se consideraba completamente cerrado tras los dos fallidos procesos constituyentes que tanto daño y costo le ocasionaron al país.

La intención del Ejecutivo de impulsar esta agenda contra la delincuencia y el terrorismo contempla modificaciones a la Constitución que han generado diferencias incluso dentro del propio oficialismo. Fue Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, uno de los primeros en afirmar que ‘’en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad’’.

Intentar recurrir a la Constitución como respuesta a problemas que muchas veces podrían solucionarse mediante un cambio legal o reglamentario es ‘’un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario’’, como señaló el abogado constitucionalista Javier Couso en entrevista con El Mostrador.

La propuesta del Gobierno de José Antonio Kast es de tal gravedad que trasciende la clásica división entre derecha e izquierda: se trata de defender la democracia chilena, en especial considerando el oscuro periodo de dictadura que marcó a toda una generación. En conversación con Puranoticia.cl, el académico de la Universidad de Valparaíso Felipe González apuntó directamente a una de las reformas en particular: la creación de un nuevo estado de excepción que podría extenderse hasta por ocho meses, restringiendo severamente las libertades individuales.

La iniciativa del Gobierno ingresó con suma urgencia al Congreso, por lo que los senadores dispondrán de 15 días para abordar su discusión en la Cámara Alta. El texto contempla ocho modificaciones constitucionales, entre las que destaca este polémico estado de excepción de seguridad pública, medida fuertemente criticada por la excesiva concentración de atribuciones que otorgaría al presidente de la República.

Entre las facultades del presidente contempladas se encuentran la suspensión o restricción de la libertad personal, del derecho a la libre circulación y del derecho de reunión; la interceptación, apertura o registro de documentos y todo tipo de comunicaciones sin control judicial previo; y la requisición de bienes privados en las zonas afectadas, entre otras.

El académico fue aún más enfático respecto a la concentración de poder presidencial, sosteniendo que ‘’lo que hace este precepto en particular es constitucionalizar la dictadura’’.

Una cosa es ser de derecha y otra muy distinta es caer en el autoritarismo. En este escenario, el rol de los parlamentarios —principalmente de Renovación Nacional y la UDI— debe ser de máxima mesura. Las declaraciones de Guillermo Ramírez, al igual que las del senador Andrés Longton, apuntan en esa dirección. Es vital que el centro político no ceda ante el populismo autoritario que hoy proviene de la extrema derecha, pero que mañana, con estos mismos instrumentos, podría venir de la extrema izquierda. Sentido común y resguardo a la democracia: esperemos que RN y la UDI estén a la altura.