visitas
101 denuncias han recibido en el Ministerio Público en relación a amenazas de posibles tiroteos o ataques en colegios solo en la Región de Valparaíso. La Fiscal Regional Claudia Perivancich, advirtió que este tipo de conductas puede tener incluso consecuencias penales para adolescentes desde los 14 años, por lo que las eventuales bromas de mal gusto podrían costarle muy caras a los escolares que las profieran.
"Es importante entender que, a contar de los 14 años, los adolescentes en ese rango etario son sujetos de responsabilidad penal, es decir, es posible imputarles y atribuirles ciertas conductas que tienen como consecuencia la aplicación de una pena porque se trata de un delito. Solo hasta los 13 años esos menores de edad o adolescentes son inimputables y, por lo tanto, conductas disruptivas o que generan alguna consecuencia social van a ser vistas por el Tribunal de Familia", expresó.
Del total de 101 denuncias, tres casos han logrado ser identificados y fueron puestos a disposición de los tribunales los supuestos responsables. De todas formas, cada una de las 101 alarmas expuestas en diferentes establecimientos ha traído costos no solo para las mismas familias, que en muchos casos deben armar verdaderos planes de contingencia al ver suspendidas las clases, sino también a las propias autoridades, quienes deben hacer un despliegue policial para descartar que estas amenazas sean reales.
¿Quién paga eso? Lo concreto es que nuestra legislación los padres o tutores no tienen responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus hijos menores de 18 años, ya que la responsabilidad penal es personalísima. Sin embargo, el Código Civil establece que los padres son civilmente responsables, es decir, económicamente, por los daños y perjuicios causados por sus hijos menores de edad bajo su cuidado y dependencia.
Es aquí donde la autoridad debería implementar en sus protocolos de denuncia, independiente de la responsabilidad penal del menor cuando este está identificado, incorporar a las familias tutoras de estos menores como responsables civiles de los actos de sus hijos.
El costo que se debe enfrentar para un colegio, un municipio, al propio Slep en su caso, tener que enfrentar una “broma” de un adolescente no debe quedar impune y es aquí donde los padres debemos hacernos responsables.
Así como los colegios deben entregarnos junto a los docentes las herramientas básicas que le competen a su rol de educar y enseñar a nuestros hijos, somos nosotros los tutores y padres que debemos contribuir socialmente a que ellos sepan comportarse y tomar conciencia de la gravedad de lo que significa hacer “una broma”, como se interpreta a los avisos de amenazas de tiroteo.
Hoy, el Gobierno está fallando en su línea de seguridad. Los colegios quizás muchas veces se equivocan en suspender las clases o bien en no identificar como lo sucedido en Calama a un niño que pedía a gritos auxilio. Pero ¿y nosotros los padres?, ¿qué responsabilidad tenemos?, ¿qué responsabilidad tienen esos padres y madres de los 101 niños o niñas que jugaron una broma y causaron alarma? El Código Civil es claro, es cosa de aplicarlo y perseguir a quienes están detrás de estos mal llamados “bromistas”.
