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El Consejo Fiscal Autónomo, conocido por sus siglas CFA, es un organismo técnico y consultivo, creado para contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. Esta entrega a la autoridad recomendaciones sobre temas fiscales, con carácter no vinculante.
Por eso es tan relevante la presentación que se hizo en la Comisión de Hacienda en relación al proyecto de ley denominado de Reconstrucción o miscelánea presentada por el Gobierno de José Antonio Kast. Lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es levantar una alerta no menor que pone en entredicho el objetivo final de esta normativa, que busca rebajar el déficit fiscal que tiene el país.
Lo concreto y lo que hablan las cifras es que la posición fiscal del país se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde el 2008 en adelante, con déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años. Es decir, esto no se trata de un problema del Gobierno de Boric, viene desde la época de Sebastián Piñera.
Lo que no se puede desconocer es que esta situación de estrés fiscal se ha profundizado en los últimos años. Como punto de partida, tenemos hoy un desequilibrio significativo. El déficit estructural alcanza el 3,6% del PIB en el 2025. Sumado a eso, tenemos ausencia de holguras en el mediano plazo y, por consecuencia, tenemos una tendencia creciente en la deuda bruta del país.
En la presentación realizada en el parlamento, el CFA advirtió que el proyecto de ley Misceláneo o de reconstrucción y el desarrollo económico del Gobierno presenta riesgos fiscales relevantes, pese a valorar que su eje principal esté puesto en promover el crecimiento. El organismo sostuvo que la iniciativa combina medidas de gasto, cambios tributarios y simplificación regulatoria, pero que su efecto sobre las cuentas públicas sigue siendo deficitario en el corto y mediano plazo.
Lo que alerta el Consejo Fiscal Autónomo va en directa relación con que entre los años 2026 y el 2031 esta iniciativa del Gobierno de Kast provocaría un impacto fiscal neto negativo, por lo que para alcanzar neutralidad en ese período serían necesarias fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, que hoy no están contenidas en el proyecto.
Si bien se reconoce que el proyecto prioriza el crecimiento económico y la eficiencia del gasto fiscal, se advierte que existe un descalce entre costos y beneficios: Los menores ingresos y gastos comprometidos se ven con mucha certeza desde el principio, sin embargo, los beneficios derivados del supuesto crecimiento que se espera de la economía son totalmente inciertos.
No deja de tener razón aquel razonamiento. En fácil, al bajar impuestos, es un hecho que el Estado recaudará menos, pero esta acción no garantiza que exista mayor recaudo en el futuro en base a un esperado crecimiento. Esta presentación debería obligar al gobierno a presentar un plan paralelo a lo propuesto que dé garantías de que exista un equilibrio fiscal más adecuado desde el principio de la rebaja de impuestos a las grandes empresas, y este perfectamente podría ser una reducción del Estado, por ejemplo, del propio Injuv, que gasta casi el 80% de su presupuesto no en beneficio a los jóvenes, sino en remuneraciones.
La medida que falta es entregarle mayor certeza a un proyecto que puede ser exitoso, pero que debe tener una certeza en el equilibrio fiscal que hoy no existe.
