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Cuando uno escucha hablar de nuestros pescadores artesanales, poco se entiende cuál es su problemática. Lo concreto es que necesitan algo mucho más fácil de lo que se piensa. No se trata de subsidios, tampoco de regalarles bonos; se trata de diseñar un plan de salvataje que les permita competir en el mercado.
Hoy nuestros pescadores están atados de manos y seguirán así de no existir una política de Estado que los acompañe en su transformación hacia un sector fuerte y poderoso; uno que les permita abrirse camino internacionalmente sin descuidar el mercado nacional.
El mercado de la jibia en Chile es una industria altamente regulada y orientada a la exportación. Su funcionamiento se basa en la extracción 100% artesanal, el procesamiento en plantas locales y la venta de productos congelados hacia mercados internacionales.
Una vez que los pescadores desembarcan el recurso en los puertos —concentrados principalmente en zonas como la región de Valparaíso— la jibia es comprada por plantas procesadoras. Estas empresas transforman y congelan el calamar para darle valor agregado. Los principales formatos comerciales incluyen: filetes congelados (el producto más demandado internacionalmente), alas de jibia y tubos o vainas.
Desde que el recurso está en el mar hasta su exportación final, el mayor margen de utilidad no se lo llevan los pescadores, sino las plantas procesadoras. En ese trayecto intervienen intermediarios que transportan el producto desde la caleta hasta la planta; al final, todos parecen sacar la tajada perfecta, menos nuestros pescadores.
Al pescador artesanal se le fija un precio de compra, hoy cercano a los 500 pesos por kilo. ¿Cuánto podrían ganar nuestros pescadores si ellos mismos procesaran el producto? La diferencia sería abismante y la realidad de ellos cambiaría sustancialmente.
Poco se entiende por qué no existe un plan para perfeccionar el trabajo de nuestros pescadores. Cuando llegan a los 50 años, por ejemplo, la mayoría ya no rinde de la misma manera en el mar. Es precisamente esta generación de hombres la que, con una capacitación adecuada, podría dedicarse al segundo nivel de producción, generando el valor agregado del producto final que se va a exportar.
En Perú, por ejemplo, existen plantas procesadoras que son del Estado. Acá, perfectamente con el respaldo de un plan gubernamental, se podría financiar una iniciativa similar para un mercado que, solo en la Región de Valparaíso, sustenta a más de mil familias; es decir, a más de 5 mil personas que viven de la pesca artesanal.
No se trata de conceder un bono para la bencina; se trata de entregarles herramientas para profesionalizar e industrializar, dándole valor agregado al producto que sacan del mar. Los márgenes cambiarían. Es aquí donde está el camino de la solución eterna a la esforzada vida de este gremio. Falta un plan; la solución es muy fácil de concretar. Falta la voluntad política. ¿La tenemos?
