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En Chile, con la aprobación de la Ley N° 20.840 (sustitución binominal), se introdujo la llamada Ley de Cuotas que obliga a los partidos políticos, a partir de las elecciones parlamentarias de 2017 hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas.
Chile fue uno de los últimos países latinoamericanos en adoptar una Ley de Cuotas que se aplicara a elecciones legislativas. De acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 20.840, ninguno de los dos sexos puede superar el 60% de candidatas o candidatos en las listas parlamentarias, porcentaje que debe cumplirse de manera independiente por cada partido político, sin considerar los “pactos” que pudieran generarse para dichas elecciones.
La norma establece que, de no cumplirse este porcentaje, se rechazarán todas las candidaturas declaradas a senadoras/senadores o diputadas/diputados y el partido tendrá cuatro días hábiles para retirar candidaturas o declarar otras nuevas.
Pero vamos a los números. En el período comprendido entre los años 1989 y 2013, se eligieron 98 Diputadas, correspondiente a un 11,67% del total. Luego de la aplicación de esta normativa, en las elecciones del año 2017, primera elección bajo esta norma, compitieron 397 mujeres candidatas a diputadas y fueron electas 35 de una conformación total de 155, correspondiendo al 22.5%.
Además, fueron electas 6 nuevas Senadoras, quedando conformado el Senado con 10 Senadoras, de 43 en total, correspondientes al 23.2%. Con estos resultados, Chile pasó del lugar 129 al 81 en el Ranking Mundial de Paridad de Género de la Unión Interparlamentaria.
Del mismo modo, en el proceso eleccionario del año 2021, fueron electas 55 Diputadas de una conformación total de 155, correspondiendo al 35%. Además, fueron electas 12 Senadoras, habiendo aumentado la conformación del Senado por una reforma, a un total de 50 Senadoras y Senadores, las mujeres quedaron representando un 24%. Con estos resultados, Chile avanzó al lugar 42 del Ranking Mundial de Paridad de Género de la Unión Interparlamentaria.
Estos datos dan cuenta del nivel de impacto que tuvo la implementación de este mecanismo en la institucionalidad chilena respecto a una aceleración de la entrada de las mujeres al Congreso, asegurando un porcentaje mínimo de presencia femenina para el caso de elecciones parlamentarias.
En la inscripción de candidatos en nuestra Región de Valparaíso sorprende por ejemplo que el Frente Amplio no haya privilegiado mujeres en el distrito 7. De hecho, no es un misterio de la molestia existente por ejemplo en Valeria Cárcamo o Nataly Campusano. Por otro lado, en Chile Vamos se vive una realidad distinta. En su lista al Senado por ejemplo tres de los cuatro candidatos fuertes son mujeres: Camila Flores, María Paz Santelices y María José Hoffmann. En el mismo campo, pero en el distrito 6 también se encuentra a la mujer más fuerte quizás de la región y con cara de ser primera mayoría, nos referimos a Chiara Barchiesi.
Por un lado, podemos ver que, independiente a aquella obligación, esto no le garantiza a las mujeres un lugar en la papeleta ni menos ser electas. Pero por otro también queda demostrado que muchas de ellas no requieren de esa obligatoriedad del 40% para llegar a su cometido. ¿Debería ser existiendo esta normativa? No será cosa que quizás lo que se creó para generar igualdad pueda terminar generando desigualdad. No podremos saberlo hasta la elección del 16 de noviembre, ahí podremos dilucidar si muchos de los nombres llegaron solo para rellenar la mal entendida paridad de género y veremos en qué lado estaban los rellenos, en los hombres o en las mujeres, todo indica que hay más relleno masculino que femenino, al menos en esta región.
