Editorial: La manoseada herramienta de Acusación Constitucional que debería reformularse

Este martes se vivió una nueva jornada de votaciones en la Cámara de Diputados para evaluar el futuro de la acusación constitucional contra el exministro Grau, la cual, según se conoció durante esta tarde, terminó siendo aprobada por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, trasladando ahora al Senado la responsabilidad de pronunciarse definitivamente sobre el futuro de la exautoridad.

Pero, independiente de aquello, esta manoseada herramienta de control político es mal entendida y se ha transformado en un arma de doble filo, ocupada por el poder de turno según le convenga. Derechas e izquierdas han aprovechado de pésima forma un recurso que tiene un carácter jurídico, cuyo objetivo es exigir responsabilidad política por infracciones graves a la Constitución y las leyes, o por comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación; es decir, por cuestiones meramente técnicas, pero no políticas.

Quizás las únicas destituciones que valga la pena recordar —utilizadas mediante una acusación constitucional— sean las que se refieren a Hernán Cereceda, Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Diego Simpertigue. Sin embargo, haber llevado a esta instancia a figuras tales como el propio expresidente Sebastián Piñera, o a los exministros Carolina Tohá, Marcela Ríos, Izkia Siches, Rodrigo Delgado, Jaime Mañalich, Gonzalo Blumel, Marcela Cubillos, Andrés Chadwick, Emilio Santelices o Evelyn Matthei, demuestra la utilización política de una herramienta que es técnica.

Se puede acusar constitucionalmente al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia (ya sea la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones), como también al Contralor General de la República. Asimismo, el libelo puede dirigirse contra oficiales generales o almirantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y delegados presidenciales regionales y provinciales.

Sin embargo, no se puede acusar por cualquier motivo. El texto debe fundamentarse en causales específicas según el cargo (por ejemplo, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringir la Constitución o las leyes, o dejar estas últimas sin ejecución). El punto es que no siempre se analiza aquello de forma rigurosa, sobre todo porque solo se requiere la firma de 10 diputados para iniciar el trámite de acusación: un universo demasiado bajo si consideramos que tenemos 155 parlamentarios en el hemiciclo.

Por eso hoy se busca cambiar ese piso y subir, al menos de 10 a 20, las firmas necesarias para comenzar el proceso. Además, se pretende exigir que la acusación sea aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio y no solo por la mayoría de los presentes en la sala. Un punto relevante, y que podría marcar una diferencia, es obligar a realizar al menos una interpelación antes de acusar, por ejemplo, a un ministro de Estado, esto con el fin de agotar las instancias de control político preliminares.

Y, por último, quizás lo más evidente: que las infracciones a la Constitución o a las leyes sean claras, comprobables y abiertas. Esto es algo mínimo para no seguir perdiendo el tiempo de todos los chilenos en discusiones revanchistas de la política; ayer de la izquierda, hoy de la derecha.