Editorial: El mal olor político tras objetarse la puesta en marcha de la planta de jibia en Puchuncaví

La jibia está en la mira. Ha sido tema recurrente en nuestras crónicas, sobre todo tras conocerse la puesta en marcha de una planta de procesamiento para este molusco, pariente del pulpo y el calamar. Hoy en día, este recurso es uno de los principales sustentos económicos de la pesca artesanal en la región de Valparaíso.

Un grupo de pescadores de la Federación Bahía Narau tiene todo listo para iniciar la construcción de su planta en la comuna de Puchuncaví. Esta se sumaría a las 17 plantas de procesamiento que ya funcionan actualmente en nuestra región, según consta en un informe de la Subsecretaría de Pesca. ¿Por qué oponerse a una planta si ya funcionan otras 17?

La primera oposición viene de los vecinos de La Greda, zona emblemática de la comuna de Puchuncaví donde justamente busca funcionar esta planta. Para lograr su puesta en marcha, se requirió de un financiamiento cercano a los 1,8 millones de dólares, dinero que es aportado por la empresa Aguas Pacífico, la cual construye una planta desalinizadora en la bahía de Quintero y Puchuncaví. ¿Por qué la empresa financia esta planta de jibia? Es aquí la primera incógnita. La firma, a través de su equipo comunicacional, nos señala que esta iniciativa no es “una compensación” —porque esto se realiza cuando hay impactos—, sino que es una iniciativa voluntaria.

Para entender el contexto, debemos precisar que este “voluntarismo” de Aguas Pacífico nace luego de que los pescadores se tomaran los accesos a la obra de la desalinizadora en el año 2023. Tras 86 días de movilización, se llegó a un “acuerdo” con los trabajadores; entre los puntos pactados, figuraba el financiamiento de esta planta de jibia.

Que los pescadores sean dueños de una planta de procesamiento de jibia, sin duda, los convierte en actores importantes dentro de la cadena. Ya no solo serán parte de la recolección del recurso; ahora podrán darle un valor agregado y, con ello, mejorar sus condiciones laborales. Hoy en día, los artesanales deben conformarse con el precio que les pagan por pescar, muchas veces por debajo de los márgenes que las mismas empresas procesadoras obtienen.

Por eso este modelo es tan trascendental. Que los propios pescadores sean dueños de sus plantas —como sucede en Perú, por ejemplo—, sumado a campañas que aumenten el consumo de este molusco en la población, podría ser la gran solución para un sector muy vapuleado por las grandes empresas del mundo pesquero.

Al asunto de los vecinos de La Greda se suma ahora la ofensiva del alcalde de Concón, quien se opone, junto a varios concejales, a que los desechos de esta planta lleguen a las instalaciones de tratamiento de Esval ubicadas en su comuna. Paralelamente, se conoció el inusitado interés por parte del consejero regional, Osvaldo Urrutia, en oponerse a la iniciativa.

No es un misterio que dicha autoridad sea padre del actual subsecretario de Pesca y Acuicultura, del mismo nombre; autoridad que ha generado controversia en su cargo tras revelarse su participación en una reunión internacional de pesca representando a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) —el gremio que agrupa a las "siete familias dueñas del mar"—. Este episodio suscita serias dudas sobre eventuales conflictos de interés en el organismo encargado, justamente, de la protección de los recursos marinos, la definición de cuotas y el desarrollo sostenible del sector.

Por un lado, tenemos a pescadores que quieren su planta, un hecho con el que romperían el modelo de mercado actual y abrirían una puerta para mejorar sus condiciones. Por otro, vemos la “noble” iniciativa de una empresa que busca “compensar” —sin decir compensación— a estos trabajadores que se oponían a la desaladora. Por otra parte, tenemos a un subsecretario que podría llegar a tener algún interés en que, justamente, los artesanales no cambien su modelo de negocio y, como la gota que rebalsó el vaso, a un padre preocupado de que su hijo no tenga problemas en su nuevo cargo de gobierno. ¿De qué olor nos debemos preocupar? ¿Del de la jibia o del de los políticos con segundos intereses? Hay un mal olor, es cierto; pero debemos tener cuidado para saber identificarlo.