Una cosa es el mal olor y otra las mentiras de sus ejecutivos con sus artimañas para falsear datos medioambientales. Pero algo completamente distinto es, prácticamente, desvalijar la caja de una empresa estatal llevándose millonarios bonos por cumplimiento mediante datos falsos, e incluso cobrando indemnización.
El abogado Remberto Valdés, quien presentó tres querellas criminales contra 16 exejecutivos de la estatal, solicitó al Ministerio Público incautar teléfonos, computadores, chips, cuentas de WhatsApp e informes de los últimos cinco o seis años. El objetivo es determinar eventuales responsabilidades en la falsificación de los datos de la Refinería Aconcagua, donde aparecían cumpliendo la norma medioambiental.
Estos falsos informes permitieron que dichos ejecutivos se llevaran millones de pesos en bonos pagados en efectivo durante al menos cinco años; todo, como dijo el abogado, ‘’basado en mentiras y en cumplimientos medioambientales falsificados’’.
Para explicar su planteamiento, utilizó un ejemplo hipotético: ‘’Para que tú puedas recibir un bono –voy a inventar– cuatro sueldos más al año. Por ejemplo, me gano $5 millones mensuales. Si cumplo determinadas metas, dentro de ellas las medioambientales que están en mi sector, voy a recibir de bono cuatro sueldos más, o sea $20 millones de premio por haber sido un gran trabajador de la compañía que cumple éticamente y legalmente el Plan de Prevención y Descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón. Como mentí y falsifiqué, me llevo a mi bolsillo estos $20 millones. Eso, multipliquémoslos por docenas de personas que habrían malhabido recibido estos bonos de su sueldo proporcional’’. Sumado a eso, a estos 16 ejecutivos se les pagó una millonaria indemnización cuando se fueron de la compañía estatal.
Este verdadero escándalo, el cual debería tener movilizados a la Fiscalía, al Gobierno y al menos al alcalde de la comuna, los mantiene en una posición de quietud que resulta preocupante y hasta desconcertante.
El mal olor que emana de ENAP cubre desde la gerencia, en manos de un extraño ingeniero peruano cuyo currículum presenta situaciones poco claras en su país natal y que aumentan las dudas sobre cómo se manejan las cosas en la Refinería de Concón. En cualquier parte del mundo donde se descubra cómo un grupo de ejecutivos se puso de acuerdo para falsear datos, cobrar bonos y poner en riesgo a la ciudadanía, al menos ya se habrían incautado los teléfonos y computadores; pero acá nada pasa.
Otra parte de esta historia nos muestra al propio alcalde de la comuna recibiendo millonarios fondos de la estatal, dejando como carne de cañón a toda una población. El edil fue capaz de congelar relaciones con la empresa cuando se le bajaron los aportes, pero no es capaz de salir en defensa de la ciudadanía con un acto concreto; por ejemplo, hacerse parte de las querellas contra los propios ejecutivos u obligar a la empresa a que nos dé certezas de qué está pasando. Debería golpear la mesa y poner los intereses de todos los conconinos por delante, más allá de los millones que este ‘’mal vecino’’ le entrega para que inaugure sedes deportivas o canchas, o se saque fotos con la nueva barredora.
Hay mal olor en Concón: tenemos a un peruano, a un alcalde y a 16 ejecutivos en la mira. ¿Alguien hará algo? Por ahora, todo sigue en pleno desarrollo.