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En la Región de Valparaíso nos hemos quejado siempre del centralismo de Santiago. Que todo pasa en la capital, que los mejores beneficios están allá, etc. Pero somos peores que el padre Gatica, aquel que predica, pero no practica.
En nuestra región existen realidades opuestas en cuanto al trato de los ciudadanos. Definitivamente, para el Estado y la clase política, existen dos tipos de habitantes de nuestra región: los privilegiados y los otros.
El primer grupo vive entre Valparaíso y Quintero, sumando Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, lo que se llama “Gran Valparaíso”. Los demás están repartidos en las provincias de San Antonio, Quillota, Petorca, San Felipe y Los Andes.
Son realidades de región totalmente opuestas. Los del Gran Valparaíso tienen las universidades más cercanas, oportunidades laborales diferentes, mayor acceso a la vivienda y, por sobre todo, un pasaje de locomoción colectiva subsidiado.
Es en este último punto es donde existe la mayor desigualdad entre los habitantes de la región. Por ejemplo, viajar desde Quintero a Valparaíso diariamente cuesta $1.700 pesos, incluyendo el alza de pasajes que sufrirá esta locomoción desde marzo. El trayecto es de aproximadamente 47 kilómetros.
La misma distancia en kilómetros existe entre Viña del Mar y Quillota, sin embargo, el pasaje costará $2.500. Es decir, un quillotano gastará 35 mil pesos más al mes que un habitante de Quintero en ir y volver a su trabajo o casa de estudios, por ejemplo. Un poco más del 7% del sueldo mínimo de diferencia. ¿No es eso tener ciudadanos de clase A y clase B?
El pasaje en micro cuesta más barato en las ciudades privilegiadas de la región porque tienen un subsidio estatal. Esto quiere decir que el Estado le paga al dueño de una micro un monto mensual que va entre el $1.800.000 y los $2.200.000 para que compense la rebaja del pasaje.
Pero, ¿realmente se fiscaliza bien el uso de este subsidio? Perfectamente nuestros ciudadanos del interior de la región, aquellos que hemos denominado clase B, podrían verse beneficiados con esta misma subvención, pero para eso debe haber voluntad política y conocimiento de cómo generar una nueva zona de inclusión.
Las diferencias son abismales. Ir de Quillota a La Calera cuesta mil pesos en una micro local. Por la mitad de ese valor, una persona se puede mover entre Concón y Playa Ancha. Eso no puede ser.
Hoy necesitamos voluntad política y, sobre todo, conocimiento de nuestras autoridades para que, ad portas de una nueva licitación del transporte, avancemos en una igualdad regional. No podemos seguir predicando como el padre Gatica, y menos generando en nuestra propia región un fatal centralismo que nos genera mayor brecha entre quienes vivimos en el mismo territorio.
