Editorial: Caso Altazor de Concón: un ejemplo más de la pésima reforma de Bachelet que dejó a las familias atadas de manos y a los niños a la deriva

Lo que está sufriendo la comunidad del tradicional colegio particular subvencionado Altazor de Concón, es un ejemplo palpable de la pésima reforma educacional que se impulsó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre los años 2014 y 2018.

La famosa Ley Nº 20.845, denominada Ley de Inclusión Escolar, dejó de manos atadas a las familias y completamente a la deriva a los niños y niñas de nuestro país. Hoy estos problemas se están viviendo con mayor fuerza y en nuestra región tenemos dos casos emblemáticos: el Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar y, ahora lamentablemente en Concón, el Colegio Altazor.

El Colegio Altazor es un establecimiento con mil alumnos que hoy vive una crisis debido a que esta ley obligó a los sostenedores a transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Esto quiere decir que, supuestamente, se terminó el lucro para sus dueños, por lo que todos los ingresos fiscales deben destinarse exclusivamente a fines educativos definidos por ley, limitando así la flexibilidad financiera con la que contaban previamente.

Una de las mayores complejidades para los sostenedores fue la obligación de ser propietarios o comodatarios del inmueble donde opera el colegio, prohibiendo los contratos de arriendo tradicionales entre sociedades relacionadas para evitar el lucro encubierto. Esto los obligó a adquirir costosos créditos bancarios para comprar los terrenos o transferirlos a las nuevas fundaciones. Aunque no conocemos la realidad interna de Altazor, es claro que este esquema no incentiva a los sostenedores a mejorar los establecimientos ni a volverlos más competitivos; de hecho, ni siquiera les permite seleccionar a sus alumnos.

Por otro lado, esa era justamente la premisa de la ley y la razón por la que se hablaba de inclusión. Sin embargo, lo único que logró fue dejar a las familias a merced de una tómbola y a los niños a la deriva, tal como ocurre hoy en Concón.

Si bien el presidente Kast formuló una contrarreforma, esta se encuentra muy lejos de ser aprobada. En el camino, el sector de los colegios particulares subvencionados ha liderado históricamente el cierre de establecimientos escolares en Chile desde 2018. De acuerdo con estudios basados en Datos Abiertos del Ministerio de Educación —como el informe de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD)—, un promedio del 64% de los colegios que cerraron en el país entre 2016 y 2023 correspondían a la dependencia particular subvencionada.

El punto más alto de clausuras para este sector ocurrió en 2019, año en el que los particulares subvencionados concentraron el 70% del total de cierres a nivel nacional.

Por otra parte, están las formas, y es aquí donde se debe poner especial atención. La administración de un colegio no puede cambiarles las condiciones a sus profesores de un día para otro; un ajuste así podría plantearse de un año a otro, pero comunicar esta baja de remuneraciones al profesorado sin una reunión previa —como sucedió en el Altazor— simplemente no corresponde. Esto genera caos no solo en los docentes, sino también en los estudiantes.

Otro punto en el que hay que poner mucho ojo —y que debería ser labor de la Seremi de Educación, la Superintendencia o el propio Ministerio— es la revisión de cada uno de los contratos existentes entre los sostenedores y los inmuebles donde se ubican los colegios. La ley se aplicó en 2018 y ya han pasado 8 años. Las subvenciones del Estado han subido, al igual que las colegiaturas. Entonces cabe preguntarse: ¿se administra bien el formato?, ¿en qué se gasta efectivamente la subvención estatal?, ¿cuál es el costo inmobiliario real de un establecimiento? Si bien hoy no son negocios, la estructura de administración sigue siendo la misma. ¿Por qué antes sí daba y ahora no?

Surgen muchas dudas cuando se usa la excusa perfecta de culpar a una mala ley. Si bien es cierto que la ley es deficiente, si a eso se le suma una mala administración, el resultado está a la vista. La crisis del Altazor es el mejor ejemplo de que los niños nunca están primero.