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¿A quién le responde la justicia en Chile? Esta fue la pregunta que, en la hora de incidentes en la Cámara baja, expuso la diputada Camila Musante. "¿Le responde a los sicarios, al abogado Hermosilla, al Tren de Aragua, al crimen organizado?" Se preguntó la parlamentaria quien ha sido quizás la voz más clara del oficialismo en apuntar hacia los tribunales la responsabilidad que existe tras el escándalo del asesino del empresario del Barrio Meiggs.
Tras este crimen ocurrido en contra del comerciante José Felipe Reyes Ossa de 43 años, conocido como el Rey de Meiggs, se develan diferentes realidades que hoy nos afectan socialmente, y que nos podrían estar llevando a un punto de no retorno del Chile que conocemos.
Primero, el interés de una persona muy cercana a la víctima, que tal como lo reconoció el fiscal del caso "manejaba información muy privilegiada, muy cercana, muy íntima, lo que da en cuenta que tenía acceso directo al grupo familiar, al núcleo de la persona fallecida".
Esta persona de nacionalidad chilena, cuya razón para matar a Reyes Ossa se desconoce y se está investigando, ofreció 30 millones de pesos por la misión. Para ello habría contactado a una persona de nacionalidad venezolana que a su vez contactó a estos tres sujetos, uno de ellos todos pensábamos que se llamaba Osmar Ferrer.
Primer punto del caso: nunca se llamó Osmar Ferrer, y esto quedó demostrado tras una verdadera burla al sistema judicial, su verdadero nombre es Alberto Carlos Mejía Hernández, pero eso no es todo, luego de ser detenido quedó en libertad por un “supuesto error” y no solo eso, sino que además salió del país.
2,5 millones de pesos habría pagado este sicario para que un taxista lo llevara al norte del país. Desde ahí su pista se pierde, y pese a que existe una alerta internacional para ir en su búsqueda, lo cierto que este caso nos dejó vulnerables, y lo que es peor, podemos decir que en Chile un asesinato queda impune y que nadie parece sorprenderse.
¿A quién le responde la Justicia entonces? Chile hoy camina directo a un punto de no retorno y, tal como dijo la diputada Musante, “estamos al abismo de transformándonos en un narco Estado, estamos recorriendo el mismo camino que recorrió México y que recorrió Colombia”.
Hoy tenemos que reconocer que nuestra justicia no está preparada para lidiar con el crimen organizado. De hecho, ni siquiera sabemos si los nombres de los extranjeros que están presos en nuestras cárceles realmente responde a su verdadera identidad. ¿Cuántos sicarios con otros nombres tenemos en esas celdas?
La propuesta de tener tribunales especializados para el crimen organizado nos calza cuando vemos los hechos vividos en las últimas semanas. “Cuando un sicario miembro de la banda del Tren de Aragua queda en libertad, no estamos hablando de un simple error administrativo, estamos hablando de una inoperancia de parte de la justicia”, agregó Musante.
Tribunales especializados nos podría garantizar dedicación exclusiva, y por ende recursos especiales para combatir al crimen organizado, el cual debe partir desde las propias instituciones, ya no podemos negar que estamos contaminados. No seamos el nuevo México de Sudamérica, la justicia debe responderles a sus ciudadanos, no a los delincuentes.
