La liquidadora Toesca endureció las acciones legales iniciadas en febrero contra el expresidente de Azul Azul. Se acusa la creación de una red internacional para financiar un proyecto en Miami.
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Una nueva ofensiva legal enfrenta quien fuera el máximo timonel de Azul Azul —concesionaria que administra al club Universidad de Chile—, Michael Clark. Esto, a raíz de la decisión tomada por Toesca, en su rol de liquidadora de los fondos de Sartor, de extender la acción judicial que había sido presentada originalmente en febrero. La medida no solo afecta al exdirigente deportivo, sino que también involucra a otros antiguos miembros del directorio de la AGF.
De acuerdo con los antecedentes del documento judicial revelados por radio ADN, la acción legal se dirige de forma explícita contra "Pedro Pablo Larraín Mery, Miguel Luis León Núñez, Mauro Valdés Raczynski, Óscar Alejandro Ebel Sepúlveda, Michael Mark Clark Varela, Alfredo Ignacio Harz Castro, Rodrigo Eduardo Bustamante García, Juan Carlos Jorquera Salhusy en contra de todos aquellos que resultaren responsables en calidad de autores, cómplices, o encubridores de los delitos de negociación incompatible y administración desleal".
La acusación describe la articulación de un entramado corporativo con ramificaciones en Chile, Estados Unidos y las Islas Caimán. Según precisa el texto, el objetivo de esta estructura internacional era "desviar millonarios recursos de inversionistas hacia el financiamiento de un proyecto inmobiliario de lujo en Miami".
Al profundizar en el modus operandi, la emisora radial citó un extracto clave del documento: "El esquema operaba mediante el traspaso de capitales desde fondos públicos, como el Fondo Táctico Internacional, hacia la sociedad instrumental CEPSA y otros vehículos bajo el control directo de Larraín Mery".
Como consecuencia de estas maniobras, el desarrollo inmobiliario terminó sustentándose mayoritariamente con capitales pertenecientes a terceros, según consignó el mismo medio de comunicación. Este movimiento financiero provocó un desplome del 59% en el fondo perjudicado, el cual experimentó una drástica reducción en su patrimonio, cayendo desde los 31,8 millones hasta los 13,1 millones de dólares.
Finalmente, los reportes periodísticos detallaron la gravedad de las acusaciones indicando que "la querella sostiene que existió un conflicto de 'interés estructural y permanente' que jamás fue revelado a los reguladores ni a los clientes. Toesca argumenta que los inversionistas fueron víctimas de una degradación deliberada de su posición financiera, pasando de ser dueños de activos con potencial de retorno a ser simples acreedores de sociedades de papel vinculadas a los administradores".
PURANOTICIA
