El timonel de Universidad de Chile sostiene que la sanción es improcedente y desproporcionada.
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El presidente de Azul Azul, Michael Clark, volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago la sanción impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con la que busca mantenerse en el cargo al mando de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.
La CMF sancionó a Clark con una multa de 2.500 millones de pesos y una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos en directorios, medida que se fundamenta en su vínculo con la empresa Sartor, entidad que ha sido cuestionada por presuntas irregularidades financieras detectadas por el organismo regulador.
Pese a la resolución administrativa, Michael Clark ha reiterado su inocencia, asegurando que no incurrió en conductas ilícitas. En el recurso presentado ante la justicia, su defensa sostuvo que el dirigente es “víctima de críticas injustas” y que se le imputan públicamente hechos que “jamás cometió y que tampoco pudo haber cometido”, considerando el rol que desempeñó en Sartor AGF.
En el escrito judicial, la defensa argumenta que la sanción aplicada por la CMF carece de proporcionalidad y sustento jurídico, afirmando que no se evaluaron correctamente los antecedentes antes de imponer una de las medidas más severas contempladas por la normativa vigente.
La apelación presentada por Clark abre ahora un nuevo capítulo judicial, cuyo resultado será clave no solo para su futuro personal y profesional, sino también para la estabilidad institucional de Azul Azul y Universidad de Chile, club que atraviesa un periodo de alta exposición mediática y definiciones relevantes tanto dentro como fuera de la cancha.
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