El fallo ordena al Gobierno a "implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”.
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La Corte Suprema decidió acoger los recursos de protección presentados por las víctimas de violencia rural en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, al determinarse que las autoridades del país no habrían respetado sus derechos al no evitar los múltiples ataques perpetrados por desconocidos en el sector.
De acuerdo al documento, citado por radio Biobío, el recurso fue acogido "sólo en cuanto las autoridades recurridas deberán en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra".
De esta manera, el máximo tribunal de nuestro país revocó un anterior fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, instancia que argumentó que el Poder Judicial no tenía la facultad de intervenir en otro poder del Estado, como lo es el Ejecutivo, y ordenar políticas públicas en materia de seguridad.
El abogado representante de las víctimas del Lago Lanalhue, Ricardo Yáñez, aseguró que se trata de un inédito fallo al dar la razón a sus representados sobre los hechos violentos. Y por su parte, la vocera de uno de los grupos afectados, Solange Etchepare, celebró la resolución, pero recalcando que la decisión debió haber sido tomada hace un año por la Corte de Apelaciones de Concepción.
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