El ministro sostuvo que las respuestas siguen centradas en patrullajes y no en estrategias integrales. Llamó a incluir a municipios, abordar la reinserción y mejorar la coordinación entre instituciones como Aduanas y el SII.
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En el cierre del Seminario Internacional “Territorio y Orden Público: Liderazgo Local ante la Inseguridad”, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un diagnóstico severo sobre la forma en que Chile ha enfrentado la seguridad durante las últimas décadas. Según planteó, el país “vive de la contingencia”, una lógica que —a su juicio— ha impedido consolidar políticas estables, coherentes y sostenidas.
Cordero afirmó que las cifras delictuales muestran patrones que se repiten, pero que ningún gobierno, ni siquiera administraciones de un mismo sector, ha logrado dar continuidad a los programas existentes. “Interrumpen iniciativas y creen que la administración que llega tiene mejores ideas que la anterior”, dijo. Esa práctica, recalcó, ha frenado proyectos claves como la persecución penal integrada, la coordinación interinstitucional y las intervenciones territoriales de largo aliento. “Tenemos veinticinco años de programas que se cortan una y otra vez. Los problemas siguen siendo los mismos”, subrayó.
El ministro también cuestionó que la respuesta del Estado siga siendo mayoritariamente reactiva, centrada en patrullajes y controles policiales. Propuso avanzar hacia modelos basados en evidencia, con métricas claras y una fuerte adaptación territorial, recordando que “no es lo mismo una política nacional que una aplicada en una comuna o incluso en un barrio específico”. Entre los ejemplos, mencionó la toma de decisiones urbanísticas —como subdivisiones o instalación de luminarias— que no consideran su impacto en la seguridad. Además, observó que organismos como Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos, creados con otras funciones, hoy son fundamentales en la lucha contra el crimen organizado, pero siguen operando sin una articulación adecuada.
Otro de los puntos abordados fue el sistema penitenciario, cuyo crecimiento calificó como “un efecto secundario de las políticas de seguridad que nadie quiere discutir”. Advirtió que Chile no puede seguir expandiendo indefinidamente la infraestructura carcelaria y que persiste una ausencia del Estado en materia de reinserción.
Cordero enfatizó, además, el rol clave de los municipios en prevención, apoyo a víctimas y trabajo con jóvenes en riesgo, recordando que el 75% de los delitos cometidos por adolescentes ocurre en su propia comuna. “Los gobiernos locales son fundamentales; la seguridad no se sostiene si no se articula con ellos”, afirmó.
La actividad —que incluyó la participación del exsenador Pablo Longueira en el panel “Seguridad Ciudadana: ¿Derecho o Privilegio?”— cerró una jornada organizada por la ACHM junto a AMUR y Amuch. Autoridades y expertos coincidieron en que Chile requiere un sistema de seguridad integrado, con continuidad y una mirada estratégica que trascienda la urgencia diaria.
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