La información fue dada a conocer por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que tuvo acceso a una auditoría realizada por la institución.
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La Contraloría General de la República detectó la entrega de millonarios montos en conceptos del Bono Covid, a personas que no cumplían con los requisitos para recibirlo. Entre este grupo, se encuentran 361 ciudadanos fallecidos, y 43 concejales.
La información fue dada a conocer por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, que tuvo acceso a una auditoría realizada por la institución, la cual aclaraba que las nóminas de beneficiarios estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social -en ese entonces liderado por Cristián Monckeberg-, y que los pagos ($50 mil) eran realizados por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Los más de $5 mil millones que fueron desembolsados en estos irregulares pagos, fueron en una parte a cerca de 70 mil trabajadores que poseían un trabajo formal hasta esa fecha. También recibieron el beneficio otro grupo de unas 33 mil personas que percibían ingresos a partir de boletas de honorario.
$4,9 millones de pesos fueron destinados a estos grupos quienes no cumplían con los requsitos. Recordar que el bono entregado por el estado pretendía ayudar a las familias correspondientes al 60% más vulnerable del país, y que no contaran con ingresos por trabajos formales o pensión.
De acuerdo a la auditoría, un total de 53 concejales figuraban en la nómina de beneficiarios, cuyas identidades no fueron especificadas. De dicha cifra, 43 ediles recibieron el pago. De todas maneras, Contraloría aclaró que ostentar dicho cargo no es limitante para optar al bono, pero las familias que podían recibir el monto no podían estar compuestas por trabajadores independientes formales.
Otra irregularidad detectada fue la inclusión de 2.508 ciudadanos fallecidos en las nóminas, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Finalmente, el pago se realizó solo a 361 de ellos, por montos cercanos a los $22 millones.
Contraloría estableció un plazo de 60 días hábiles para que el IPS pueda acreditar fundadamente las acciones "relativas a anulaciones y cobranzas de los pagos efectuados a personas a las cuales no procedía el pago del beneficio", de acuerdo a Bío Bío.
Por su parte, la cartera de Desarrollo Social y la SUSESO "deberán tomar las medidas tendientes a concretar la implementación de mecanismos de actualización permanentes y oportunos".
Desde el ministerio, explicaron al ya citado medio que "los registros de información con los que contábamos desde el Estado, que son los que junto a la información auto reportada por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica, no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas en los ingresos de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social de Hogares".
Además, sostuvieron que pese a que trabajaban con la mejor información administrativa a la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, "dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal".
"En relación a la calidad de las bases de datos de registros administrativos, el Ministerio se encuentra trabajando en un proyecto de gobernanza que permita asegurar y garantizar una calidad mínima de los registros administrativos del Estado que son solicitados mensualmente para el cálculo de la CSE", explicaron.
PURANOTICIA
