El Ministerio Público demostró que el imputado financió, organizó y loteó los distintos terrenos. Es por ello que se le decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a los loteos de propiedad de la familia Correa.
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El Juzgado de Garantía de Quilpué efectuó la audiencia de formalización contra el imputado L.A.A.C en la causa de usurpación no violenta de terrenos que pertenecían al empresario Alejandro Correa, asesinado a las afueras de su casa en el sector Bosques de Montemar, en la comuna de Concón.
Sin embargo, la audiencia de este viernes no tuvo que ver con el crimen, puesto que L.A está imputado por el delito establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción que dice relación con sancionar al loteador que transfiera lotes o constituya comunidades tendientes a la formación de nuevas poblaciones fuera del marco de la ley.
El empresario fue víctima de sicariato en 2020 luego de que comenzara un entuerto relacionado con la toma ilegal de una de sus propiedades en Quilpué.
El 10 de mayo de ese año Correa había encarado al imputado L.A por ser quien lideraba la situación. Luego, el 14 de mayo lo denunció en la fiscalía local y cuatro días más tarde fue asesinado a manos de un sicario de nacionalidad colombiana conocido como “Parcero” y cuyo financista sería presuntamente Renato López, conocido de L.A.
El fiscal Cristián Paredes de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, explicó que “se trató de la formalización de cargos para el principal organizador, loteador y la persona que distribuía los terrenos en la toma de Camino Calichero en la comuna de Quilpué”.
"Recordemos que esta causa se inicia con la denuncia de don Alejandro Correa. Una vez hecha esta denuncia, cuatro días después, se inicia una causa por homicidio en Viña del Mar. En la misma denuncia del señor Correa, él detalla cómo llega al lugar, identifica al señor L.A como quien lideraba a las personas que estaban loteando y tomándose los terrenos. Está en su declaración por escrito y también en la carta que dirige a la gobernadora en ese momento", añadió el fiscal.
El Ministerio Público demostró que el imputado financió, organizó y loteó los distintos terrenos. Es por ello que se le decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a los loteos de propiedad de la familia Correa.
Para acreditar lo anterior, el persecutor presentó una serie de testimonios de residentes del lugar que dan cuenta de que L.A loteó, asignó y sorteó terrenos que, aseguró, eran fiscales. Sin embargo, un documento de Bienes Nacionales lo descartó.
Asimismo, se reveló que L.A pagó una retroexcavadora para efectuar un camino de 100 metros al interior de la toma.
Tras un sobrevuelo hecho con un dron, personal fiscalizador de la municipalidad estableció que el loteo "fue preciso y bien distribuido. Hay una planificación y hay estudios", aseguró un fiscalizador en calidad de testigo.
La magistrada María Alejandra Radic, fijó en 120 días el plazo de investigación.
PURANOTICIA
