El abogado Felipe Olea tuvo duras palabras para Jorge Martínez, y mencionó la responsabilidad del delegado en el nivel de represión efectuado contra los pescadores.
Suman y siguen los episodios de las protestas de pescadores de la ex Caleta Sudamericana en donde denuncian "incumplimiento de contrato" después de haber sido trasladados desde Valparaíso a la caleta El Manzano de Quintero en 2013, producto de las obras en el Terminal 2 de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).
La última jornada se tornó violenta cuando los trabajadores denunciaron a través de imágenes difundidas en redes sociales la violenta represión por parte de la Armada, quienes efectuaron disparos de balines, lo cual fue confirmado por la propia institución.
Quien ha sido objeto de los cuestionamientos por el fracaso del diálogo es el delegado presidencial de Valparaíso Jorge Martínez, a quien incluso le piden su renuncia.
Así lo explicó a Puranoticia.cl el abogado representante de los pescadores, Felipe Olea: “Ayer ambos presidentes de los sindicatos pesqueros entregaron al gobernador Rodrigo Mundaca una carta firmada por ellos mismos solicitándole que llamara al Gobierno a remover al actual delegado presidencial de su cargo, ya que se ha transformado en un verdadero obstáculo y está siendo más parte del problema que de la solución”.
“Por desgracia el delegado Martínez no solo desapareció tras la negociación por 45 días, sino que sumado a su silencio se ha dedicado a obstaculizar y también a criminalizar la protesta”, acusó el abogado.
Asimismo, Olea mencionó la responsabilidad del delegado en el nivel de represión efectuado contra los pescadores. “La actuación de ayer de la Armada no pudo sino ser una orden del gobierno ya que no es un organismo deliberante y en consecuencia, la orden de actuar y de reprimir de esa forma debió ser emitida en este caso por el delegado presidencial Jorge Martínez”, aseveró.
Siguiendo esa misma línea, el abogado reconoció que “los hechos de violencia que se dieron por parte de los pescadores, esto es el incendiar neumáticos, no fue sino una respuesta a los hechos de violencia que estaba perpetrando en este caso la Armada, que de forma irracional comenzó a dispararles balines de goma, munición descargada por un armamento que lo que busca es infringir daño y lesionar. En ningún caso es un protocolo que permita resolver una revuelta”, fustigó el defensor.
El representante legal lamentó que la tónica del delegado se repitiera hoy: “él ordenó que se pusiera una reja en el muelle para prohibir el tránsito libre de los pescadores hacia las embarcaciones. Esto revela que el gobierno lejos de entender la gravedad de este problema lo que está buscando es simplemente reprimir”.
Junto a lo anterior, Olea acusó a Martínez de “confundir a la opinión pública” con el monto de la indemnización que piden los trabajadores del mar.
“Ya que no tienen donde pescar, lo que corresponde es que los indemnicen nuevamente, pero las cifras no son las que señala el señor Martínez. Las cifras reales, las que se presentaron a la subsecretaria de Pesca, son apenas $450 mil mensuales por pescador por los próximos 48 meses”, dijo.
“Ese cálculo da alrededor de $5 mil millones de pesos, luego de eso se pedía un bono de término de conflicto que es de $1 millón. Como han pasado más de dos meses en que no pueden trabajar, lo menos que estamos pidiendo es que el Estado repare los ingresos por este tiempo”, aclaró.
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