En el desglose de estas sanciones económicas, se registra que las mayores van dirigidas a la empresa Brink’s Chile S.A.
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El Tribunal Constitucional decidió paralizar el juicio por presunta colusión que involucra a tres compañías de transportes de valores nacionales, Brink's, Prosegur y Loomis, luego de que acogiera a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una de las empresas.
De acuerdo a La Tercera, el TC solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) suspender el procedimiento y requerir copias autorizadas de las principales aristas del caso. Esto, pues Brink's acudió al Tribunal Constitucional solicitando acceder al expediente. De esta forma podrían estar en "igualdad de armas".
El medio ya mencionado consigna que la acción legal no se ha desarrollado de manera fácil para la FNE, puesto que a casi tres meses de su inicio, aún no puede notificar a los ejecutivos que habrían celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Cabe recordar que de acuerdo a los antecedentes, el acuerdo por el aumento de los precios se habría fijado aproximadamente en marzo del 2017. Las empresas Brink's y Prosegur habrían coordinado el aumento de valores relacionados con sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales.
En el desglose de estas sanciones económicas, se registra que las mayores van dirigidas a la empresa Brink’s Chile S.A., por un total de US$ 30,5 millones; y a la compañía Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por US$ 25,8 millones. Se trataría de las multas más grandes que haya pedido el ente persecutor en casos de colusión.
José Joaquín Ugarte, abogado de Brink's en el juicio, comentó a La Tercera sus sensaciones respecto de la decisión: "Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en un procedimiento justo y racional, incluyendo el derecho de todos los acusados a conocer el expediente de investigación y los antecedentes fundantes de un requerimiento antes de tener que contestar la acusación".
"Mientras no tengamos acceso a esos antecedentes, no existirá debido proceso y existirá una cancha dispareja que beneficia indebidamente a la FNE, en contra de nuestras garantías constitucionales y de las buenas prácticas promovidas internacionalmente por la OCDE y otros organismos", agregó.
Por lo demás, dijo que "se debe asegurar que todos los intervinientes tengan posibilidad de participar a lo largo de todo el proceso –de principio a fin, en todos sus estadios– en condiciones de igualdad; en términos que todos ellos tengan igualdad de armas en la lucha jurídica; es decir, cuenten con la misma posibilidad real, oportuna, plena y eficaz de presentar sus planteamientos y controvertir las pretensiones de su contradictor; de manera que, contando con paridad de oportunidades, todos ellos puedan influir con iguales posibilidades procesales en la obtención de una decisión favorable a sus respectivas posiciones".
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