Chile sigue siendo un mercado atractivo. Una gran parte de la población es millennial, conectados, con algo de plata para gastar. Si llega la regulación clara, las proyecciones pintan optimistas.
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El verano 2025/26 ya está aquí. El sol asoma y la gente está pensando en las fiestas, además de las esperadas vacaciones. Sin embargo, muchos chilenos se llevan una sorpresa incómoda al abrir el celular. Quieren echar una apuesta rápida en el partido del momento o probar suerte en una ruleta virtual, y la página simplemente no carga. No es falla de internet ni problema del equipo. Es que las grandes empresas de telecomunicaciones empezaron a bloquear accesos masivos por orden directa de la Corte Suprema. Lo que hace meses era un hábito cotidiano para millones ahora obliga a buscar caminos alternos, como VPN o dominios nuevos que aparecen y desaparecen rápido. Y uno se queda pensando si esto es el cierre definitivo de un boom descontrolado o solo un alto en el camino antes de que llegue una regulación que ordene todo de verdad.
El negocio movía cifras que marean. Solo en 2024, según informes de consultoras especializadas como Yield Sec que han circulado fuerte en la industria, el mercado de apuestas online generó más de 3.100 millones de dólares en ingresos brutos. Hablamos de 5,4 millones de usuarios activos en Chile, gente de todo el país metiendo plata en plataformas extranjeras que operaban sin pedir permiso a nadie. Mucho de ese dinero terminaba en patrocinios deportivos, en publicidad agresiva y en bonos que enganchaban a cualquiera. Pero el fallo del máximo tribunal, primero en septiembre y octubre, y luego con el cúmplase en noviembre, declaró que estas operaciones no podían funcionar sin autorización estatal. Las telecos recibieron plazo de cinco días para bloquear cientos de sitios, y aunque muchos encontraron la forma para seguir funcionado, el panorama cambió para siempre. Con el proyecto de ley todavía en discusión en el Congreso, 2026 asoma como el año en que todo se define. La batalla final está en manos del legislador.
Recuerdo perfectamente cuando explotó la noticia este año. La noticia cayó como un balde de agua fría en muchas personas. La Corte Suprema, en fallo unánime de la Tercera Sala, acogió un recurso de la Lotería de Concepción, con Polla Chilena sumada, y dejó claro que los juegos de azar online no pueden funcionar salvo que tengan autorización expresa del Estado. No hay interpretaciones ni zonas grises. Si no tienes permiso legal, no operas.
El desenlace llegó rápido. En octubre declararon la ilegalidad general, y el 19 de noviembre dictaron el cúmplase que obligó a empresas como Movistar, Entel, Claro, WOM y VTR a bloquear dominios e IPs de plataformas sin licencia. Las listas empezaron con decenas y terminaron abarcando cientos, quizás miles si sumamos los espejos. Muchos de los sitios que concentraban la gran mayoría del tráfico, quedaron en zona irregular. Mediciones independientes calculan que el 83 por ciento de las visitas mensuales, más de 40 millones entre agosto y septiembre, provenían de operadores que no podían operar. Por suerte, también surgieron los sitios de casino online que son legales para los chilenos. Esto pone un poco de claridad ante tanta incertidumbre.
La Superintendencia de Casinos de Juego, que lleva años advirtiendo sobre esto, celebró la decisión. Para ellos refuerza que solo entidades con concesión real, como Polla, Lotería o Teletrak, pueden ofrecer ciertos juegos digitales. Los operadores internacionales protestaron, diciendo que no los dejaron defenderse y que algunos sitios siguen accesibles porque cambian de dirección rápido. Pero la Corte fue tajante: facilitar acceso a ofertas ilegales vulnera derechos de quienes sí cumplen. Al día de hoy, los bloqueos están activos, aunque imperfectos. Mucha gente usa VPN y sigue jugando, y otros siguen operando gracias a que cuentan con licencias de países que están regulados. Queda la duda de siempre, ¿qué pasa con el dinero que los usuarios tenían en cuentas? Según expertos, los saldos quedan ahí, pero lo importante es que estén bajo el marco legal de algún país regulado.
Tú que sigues el torneo nacional lo sentiste en carne propia. Durante años, las casas de apuestas fueron el gran salvavidas de los clubes. Logos gigantes en camisetas, nombres en estadios, contratos que inyectaban dólares cuando el fútbol chileno anda siempre escaso de plata. Equipos como Colo-Colo, Universidad de Chile o Católica dependían fuerte de esos patrocinios para pagar sueldos y mantener categorías.
Cuando cayó el cúmplase en noviembre y empezaron los bloqueos reales, los dirigentes entraron en alerta máxima. Varios clubes tenían acuerdos vigentes que representaban entre el 20 y el 30 por ciento de sus presupuestos anuales. La ANFP quedó en una posición delicada, porque también recibía su parte. Algunos patrocinadores congelaron pagos o activaron cláusulas de salida por cambios legales. Los equipos salieron a defenderse público, recordando que esa plata iba directo a canteras y operaciones diarias. Sin ella, advierten, viene recorte de planteles, menos inversión en juveniles y un retroceso que duele en un fútbol que intenta levantarse.
La paradoja salta a la vista. Porque el proyecto de ley en trámite contempla que las plataformas reguladas aporten un porcentaje de sus ingresos brutos al deporte nacional. Si se aprueba, podría llover más dinero que antes hacia los clubes. Pero la situación actual hace que varios dirigentes que contaban los pesos para cerrar el año, hoy tengan que buscan sponsors alternos que no aparecen. El bloqueo pegó donde más duele, en la billetera de un deporte que no sobra nada.
Este proyecto no es de ahora. Viene dando vueltas desde hace años, con avances lentos que frustran a todos. En agosto de 2025 logró aprobación general en el Senado, con 27 votos a favor, y desde entonces está en discusión particular. Lo que propone suena razonable: licencias obligatorias para operar legalmente, impuesto del 20 por ciento sobre ingresos netos, otro 1 por ciento para programas de salud y ese aporte al deporte que tanto necesitan los clubes. Sumado a herramientas serias como límites de depósito reales y autoexclusión efectiva.
Fuentes en el Parlamento dicen que 2026 podría ser el año definitivo para promulgarlo. Si sale, Chile se suma a países vecinos que regularon antes, como Colombia o Perú, y hoy recaudan sin que el mercado colapse. Operadores serios, esos que cotizan en bolsa y tienen licencias europeas, ya manifestaron interés en entrar si las condiciones no ahuyentan. Las proyecciones hablan de 700 a 900 millones de dólares anuales en recaudación fiscal una vez que arranque. Plata que serviría para mucho, desde hospitales hasta infraestructura deportiva.
Pero no faltan críticas. Algunos parlamentarios piden impuestos más altos, otros más énfasis en prevención porque el boom dejó secuelas. Mientras discuten, el tiempo apremia. Sin ley pronto, el mercado se acomoda en la informalidad total, y los grandes ganadores terminan siendo los sitios de VPN.
Conversando con gente que sigue los números de cerca, Chile sigue siendo un mercado atractivo. Una gran parte de la población es millennial, conectados, con algo de plata para gastar. Si llega la regulación clara, las proyecciones pintan optimistas: el sector podría duplicarse en pocos años, atrayendo operadores dispuestos a pagar por jugar limpio. Plataformas locales como Polla o Lotería se modernizarían y competirían de igual a igual, mientras los internacionales traen tecnología que mejora la experiencia.
Los beneficios saltan solos: recaudación real para el Estado, fondos dedicados a tratar adicciones, pagos garantizados y juegos auditados. Países que lo hicieron antes muestran que no muere el negocio, se limpia y crece. Aquí podría pasar igual si equilibran bien los tributos.
Aunque el escenario negativo ronda. Si la ley sale con cargas excesivas o se atrasa indefinidamente, muchos operadores siguen desde las sombras. Los bloqueos molestan, pero no cierran todo. Y el mercado informal prospera.
Detrás de las cifras hay dramas reales. Estudios recientes, como el de la Corporación de Juego Responsable y Red Preventiva Chile presentado en octubre, revelan que hay varios puntos rojos que deben ser tratados. Y es que lo importante de una regulación clara es que puede establecer las líneas de lo que está permitido y lo que no. A la vez de que este marco regulatorio también ayuda a que las empresas establezcan los mecanismos para no pasarse de la raya.
Los bloqueos ayudan a cortar el acceso para algunas personas, pero no resuelven el fondo. Ni educan ni tratan a quienes ya están enganchados. Y técnicamente, el candado tiene agujeros. El Estado necesitaría invertir fuerte en actualizar listas y tecnología para que funcione de verdad.
Como podemos ver, con bloqueos activos y la ley avanzando a paso incierto, 2026 se siente como el año de la verdad. ¿Veremos un mercado ordenado que recaude, proteja y entretenga de forma segura? ¿O más descontrol digital? Tú que lees esto, quizás has apostado alguna vez o conoces a alguien que sí, sabes que va más allá de números. Es cómo manejamos la diversión en tiempos donde un clic puede cambiarlo todo. Seguimos a la espera que el Congreso lo entienda y saque adelante algo equilibrado antes de que el caos gane terreno definitivo.
PURANOTICIA
