El país está listo para formalizar un mercado que ya mueve cientos de millones de dólares anualmente y que involucra a millones de chilenos.
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Chile se encuentra en un punto de inflexión histórico en lo que respecta a su industria del entretenimiento digital. El juego en línea, una actividad que durante años ha crecido de manera exponencial en un entorno no regulado, está a las puertas de una profunda transformación. El avance en el Congreso del proyecto de ley que busca establecer un marco legal para las apuestas deportivas y los casinos en línea es la señal más clara de que el país está listo para formalizar un mercado que ya mueve cientos de millones de dólares anualmente y que involucra a millones de chilenos. Esta legislación no solo busca regular una actividad económica en auge, sino también proteger a los usuarios, prevenir el lavado de dinero y asegurar que los ingresos generados por esta industria beneficien al erario público. La falta de un marco regulatorio claro ha permitido la proliferación de operadores ilegales, lo que ha generado riesgos para los consumidores y ha privado al Estado de importantes recursos fiscales. La aprobación de esta ley representaría un paso crucial hacia la modernización y profesionalización de un sector con un enorme potencial de crecimiento y desarrollo en Chile.
El cambio que está experimentando el mercado chileno de juego en línea se enmarca en un contexto de crecimiento explosivo y, hasta ahora, no regulado. Las estimaciones revelan que en 2024, el mercado chileno de juego en línea no regulado alcanzó la asombrosa cifra de 3.1 mil millones de dólares, lo que subraya la inmensa participación de los consumidores en esta actividad. Históricamente, más de 900 operadores internacionales han ofrecido sus servicios a los jugadores chilenos, operando en una especie de "zona gris" legal debido a la ausencia de una normativa específica para el juego en línea.
Esta falta de regulación ha generado dos problemas significativos y apremiantes. En primer lugar, la desprotección de los usuarios ha sido una preocupación primordial. Al no existir un regulador local al que los jugadores pudieran recurrir en caso de disputas, fraudes o problemas relacionados con el juego responsable, los consumidores chilenos quedaban vulnerables. En segundo lugar, el Estado chileno ha perdido una fuente considerable de ingresos fiscales, ya que las operaciones de juego en línea no reguladas no contribuían con impuestos, privando al erario público de fondos que podrían haberse destinado a servicios y programas esenciales.
Para abordar estas problemáticas, se ha impulsado una nueva legislación, conocida como Proyecto de Ley 035/2022. Esta ley ha sido concebida inspirándose en modelos regulatorios exitosos implementados en otros países que han logrado establecer mercados de juego en línea seguros y transparentes. La propuesta central de la ley es la creación de un robusto sistema de licencias. Este sistema permitirá a las empresas de juego operar de manera legal y regulada dentro de Chile, marcando un hito en la formalización de esta industria.
Para poder obtener una licencia bajo esta nueva normativa, los operadores deberán cumplir con una serie de requisitos estrictos y elevados. Estos incluyen altos estándares de seguridad tecnológica y de datos para proteger la información de los usuarios, una transparencia impecable en todas sus operaciones y, lo que es crucial, un compromiso inquebrantable con el juego responsable. Este último aspecto es fundamental para prevenir la ludopatía y garantizar que el juego siga siendo una actividad de entretenimiento y no se convierta en un problema de salud pública.
La responsabilidad de implementar y supervisar esta nueva ley recaerá en la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Esta entidad será la encargada no solo de otorgar las licencias a los operadores que cumplan con los requisitos establecidos, sino también de fiscalizar de manera continua el mercado del juego en línea. Su papel será fundamental para garantizar que el entorno de juego en Chile sea seguro, justo y responsable para todos los participantes, desde los operadores hasta los jugadores. Con esta legislación, Chile busca no solo generar ingresos fiscales y formalizar una industria, sino también proteger a sus ciudadanos y promover prácticas de juego éticas y responsables.
El impacto económico de esta regulación es una de las principales motivaciones del gobierno. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, un mercado regulado podría generar hasta 800 millones de dólares anuales en impuestos. Estos fondos no solo fortalecerán las arcas fiscales, sino que también se destinarán a fines específicos: un 2% de los ingresos brutos de las apuestas deportivas se invertirá en el desarrollo del deporte nacional, y un 1% se utilizará para financiar programas de prevención y tratamiento de la ludopatía. Esta estructura busca equilibrar el potencial económico del sector con su responsabilidad social.
Para los jugadores chilenos, la regulación traerá consigo una era de mayor seguridad y confianza. Al elegir plataformas con licencia, los usuarios tendrán la garantía de que sus fondos están protegidos y de que los juegos son justos. Además, la ley exige la implementación de herramientas de autoprotección, como límites de depósito y periodos de autoexclusión, y prohíbe estrictamente la participación de menores de edad. La competencia entre operadores con licencia también podría traducirse en mejores productos y servicios, con plataformas como ApuestasGuru ofreciendo comparativas y análisis que ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas en un mercado cada vez más competitivo.
El camino hacia la regulación no ha estado exento de debate. Temas como la carga impositiva y las restricciones a la publicidad han sido discutidos extensamente en el Congreso, con la participación de diversos actores de la industria. Sin embargo, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de regular. Publicaciones especializadas como
Gambling Insider han seguido de cerca el proceso, destacando el potencial de Chile para convertirse en un mercado líder en América Latina, junto a gigantes como Brasil y el pionero Colombia.
En definitiva, Chile se encuentra en un punto de inflexión, a punto de dar un paso decisivo para modernizar su legislación y adaptarse a las realidades dinámicas de la economía digital. La regulación del juego en línea no es meramente una medida para controlar una actividad ya existente, sino una estrategia integral para aprovechar su vasto potencial económico de manera responsable y sostenible. Esta formalización busca, en primer lugar, proteger a los consumidores de los riesgos inherentes a los mercados no regulados, asegurando transparencia y equidad. En segundo lugar, se presenta como una oportunidad significativa para fortalecer el deporte nacional a través de la asignación de recursos generados por esta industria.
Con un mercado en plena ebullición y un marco legal a punto de concretarse, la industria del iGaming en Chile se prepara para un futuro prometedor. Se anticipa un crecimiento sostenido, impulsado por la formalización que traerá consigo la nueva normativa. Esta formalidad no solo ofrecerá seguridad jurídica a los operadores y jugadores, sino que también abrirá un abanico de nuevas oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico dentro del país. La legislación propuesta promete establecer un ecosistema de juego en línea robusto y transparente, que beneficiará tanto a la economía chilena como a sus ciudadanos.
PURANOTICIA
