Contraloría efectuó una auditoría a los proyectos financiados por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), mediante la vía de la asignación directa de recursos.
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Corría el año 2019 cuando un grupo de consejeros regionales (cores), liderados por Tania Valenzuela Rossi (IND-RD), detectaron algunas posibles irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, relacionadas a las asignaciones de presupuesto a algunas municipalidades, a través de la glosa de proyectos de interés regional, y con asignación directa. Vale decir, sin concurso, sino que evaluadas por un equipo de confianza del entonces intendente Jorge Martínez Durán.
Bajo este contexto, los cores se dieron cuenta que entre 2018 y 2019 esos fondos se triplicaron, pasando de $600 millones el 2018 a $1.800 millones el 2019, con iniciativas que "muy poco" tenían de índole regional, según cuentan fuentes de Puranoticia.cl.
Por todo esto, los consejeros regionales decidieron llevar el tema a la Contraloría Regional de Valparaíso, a la que solicitaron investigar y realizar una auditoría al Gobierno Regional, acción que fue aceptada y que luego de dos años, trae resultados concretos, dando cuenta que efectivamente el Gore ha incurrido en algunas anomalías.
Con el objetivo de comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, la Contraloría Regional de Valparaíso efectuó una auditoría a los proyectos financiados por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), mediante la vía de la asignación directa de recursos, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020.
Vale hacer presente que la ley establece que los Gobiernos Regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos a subvencionar las actividades culturales, deportivas y del Programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, de carácter social y de prevención y rehabilitación de drogas, y de protección del medio ambiente y educación ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro.
Bajo ese contexto, los proyectos de asignación directa rendidos con cargo al 6% del FNDR, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2020, ascendieron a $2.517 millones ($2.517.295.578), correspondiente a 70 proyectos.
Dicho esto, la Contraloría Regional de Valparaíso realizó una serie de observaciones orientadas básicamente a transparentar los procedimientos en torno a la entrega de los recursos públicos enmarcados en los proyecto del 6%.
En primer lugar, se verificó la falta de un manual de procedimientos que describa las labores que ejecutan los funcionarios de la Unidad de Proyectos del 6% que intervienen en los procesos de revisión y coordinación de los programas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por ello, se les ordena al Gore de Valparaíso que realicen lo comprometido en cuanto a la actualización de los procesos.
En su respuesta, el Gore explicó que la unidad del 6% posee un manual de procedimientos aprobado en 2017. No obstante, el ente fiscalizador advierte que dicho documento trata de las labores administrativas realizadas por las Unidades de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana pertenecientes al Departamento de Inversiones de la División de Análisis y Control de Gestión, que luego pasaron a denominarse Unidad de Proyectos del 6%, "lo que refleja la desactualización del mismo".
También se advirtió sobre una falta de instructivos o protocolos que dé cuenta de los mecanismos y principales rutinas administrativas utilizadas en materias de solicitud, selección y rendición de las iniciativas financiadas mediante asignación directa de recursos, correspondiendo que el Gobierno Regional reingrese a Contraloría la resolución N° 94, de 2020, que aprueba esa reglamentación con las correcciones indicadas en el oficio E81845, de 2021 de este origen.
En el marco de la auditoría de la Contraloría Regional al Gore de Valparaíso, se comprobó la existencia de 14 sumarios e investigaciones sumarias iniciadas desde 2017, y que no habían concluido al término de dicha fiscalización, generándose una dilación de aproximadamente cuatro años.
En su respuesta, el Gobierno Regional informa del estado de cada uno de los 14 procedimientos disciplinarios, señalando que tres de ellos ya se encuentran terminados.
Sin perjuicio de aquello, para el caso de los tres procedimientos disciplinarios que se encontrarían culminados, Contraloría aseguró que el Gore no aportó antecedente alguno que respalde esa situación, además, considerando que los otros 11 procesos sumariales no han concluido, corresponde mantener el reproche formulado.
También se comprobó la inexistencia de un plazo formalmente establecido para la revisión y aprobación de las rendiciones de cuentas presentadas por los ejecutores de proyectos de asignación directa, lo cual en un caso llegó hasta 327 días de dilación. Por ello, el Gore deberá tomar las medidas que corresponden para que tales hechos no vuelvan a acontecer.
La acción fiscalizadora de Contraloría también advierte una falta de supervisión de los proyectos denominados «Programa de Reactivación cultural, turístico y deportivo para la comuna de Quintero», ejecutado por la Municipalidad de Quintero; y «Segunda Fiesta Costumbrista las Cabritas 2018», efectuado por la Municipalidad de La Calera, correspondiendo que el Gobierno Regional de Valparaíso informe sobre el avance del plan de supervisión comprometido.
El informe también da cuenta que se verificó que el reintegro de $1.111.111, solicitado por el Gobierno Regional a la Municipalidad de La Calera por gastos rechazados en la iniciativa «Segunda Fiesta Costumbrista las Cabritas 2018» no han sido devueltos por parte de la entidad edilicia, por lo que se deberán adoptar todas las medidas para la reposición de tales recursos al Gore de Valparaíso.
Se informa de igual manera que al 31 de octubre de 2020, el Gore de Valparaíso presenta un saldo de deudores por rendición de cuentas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), ascendente a $5.899 millones ($5.899.893.865), cuyo monto, al 31 de diciembre de 2020, era de $5.846 millones ($5.846.623.267).
A su vez, también se verificó que el Gobierno Regional de Valparaíso registra deudores por cuentas por cobrar originadas entre los años 2009 y 2015, cuya suma alcanza a $2.629 millones ($2.629.376.118), todo ello afecto a una eventual prescripción extintiva, según lo preceptúa el Código Civil, en el evento que, por cierto, dicha condición sea alegada por los interesados en los Tribunales de Justicia.
Considerando la cuantía del monto observado, el ente fiscalizador expuso que el Gore de Valparaíso se encuentra en el imperativo de exigir y agotar las medidas necesarias para lograr la mayor recaudación de los dineros adeudados, con el fin de evitar un eventual detrimento patrimonial.
Una vez conocido por Puranoticia.cl el Informe Final de Investigación, tomamos contacto con la consejera Tania Valenzuela, quien manifestó estar "absolutamente de acuerdo con las observaciones ingresadas por Contraloría, todas orientadas a transparentar los procedimientos, protocolos y responsabilidades frente a la distribución de recursos públicos".
"En lo personal, me tocó liderar las críticas sobre la distribución de los proyectos de interés regional durante la administración del ex intendente regional, dado el nulo conocimiento acerca de los criterios de asignación y por sobre todo, qué se contemplaba al momento de evaluar que un proyecto sea considerado de “interés regional”; lo que concluyó en impulsar un reglamento a nivel del Consejo Regional, que permitió establecer parámetros y topes financieros para este tipo de iniciativas (se mantiene vigente)", añadió la consejera regional.
Por otro lado, sostuvo que "es indispensable llevar adelante los sumarios administrativos, con el fin de reforzar la política de probidad que se ha llevado adelante con el gobernador regional, Rodrigo Mundaca".
Por último, dijo que "debería liderar la división de inversiones los procedimientos para recuperar los fondos adeudados con el Gobierno Regional, con la finalidad de buscar una redistribución de estos, pero por sobre todo transparentar a los municipios que aún tienen pendientes rendiciones. Esto permitiría evaluar si corresponde o no destinar nuevos fondos mientras se mantenga esta situación de irregularidad".
PURANOTICIA
