Afiliación del Municipio de la Ciudad Jardín a Achifarp se gestó tras el voto a favor de los 10 concejales y el de la alcaldesa Macarena Ripamonti; esto, mientras en Santiago se gestaba el proceso que estaría derivando en la quiebra de la asociación.
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En toda una controversia se ha transformado la incorporación de Viña del Mar a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), luego que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara un recurso de inaplicabilidad presentado por dicha agrupación, que ahora quedó al borde de la quiebra.
El origen de esta afiliación está en la sesión del 3 de febrero del Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, donde los 10 ediles votaron a favor de la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti que, según se indicó en la instancia, traería beneficios económicos, de servicios, de capacitaciones, precios justos y otros elementos, como la obtención de bastones, sillas de ruedas y otros, a precios convenientes.
Aquella sesión del 3 de febrero contó con una presentación de Matías Muñoz, secretario ejecutivo de Achifarp, quien expuso sobre los beneficios que traería para Viña del Mar y sus vecinos el afiliarse a la asociación, dando detalles de los aspectos comerciales, de servicios, de colaboración y asociatividad que traería su incorporación.
"Esto viene a ser un ahorro sustantivo hacia la comunidad, hacia el Municipio y hacia el Departamento de Salud, en término de medicamentos, de insumos médicos, ayudas técnicas, óptica popular, asesoramientos, capacitaciones, que el Municipio pudiese requerir. Esto viene hacia un asociativismo, con municipios muy pequeños y otros bastante grandes en términos de su población, teniendo los mismos beneficios", explicó Muñoz en su intervención.
Luego realizó su presentación el director de Salud de la Corporación Municipal, Rodrigo Valenzuela, quien sostuvo que este convenio "va a permitir contar con un proveedor estratégico que nos va a colaborar para mantener el stock de fármacos disponible en el caso que exista déficit en alguno de los proveedores o comprar a un precio más económico comparado a otro privado. Adicionalmente, esto ayuda a los vecinos de la ciudad para que puedan adquirir elementos no contemplados en carteras públicas o que son de muy reducida cobertura".
Luego fue el turno de los concejales, quienes manifestaron su postura frente a la propuesta planteada por la alcaldesa Ripamonti a favor de la afiliación del Municipio de Viña del Mar a la Achifarp, expresando conceptos favorables y teniendo en cuenta los aportes que traería para la comuna y sus habitantes.
Fue por ello que la autoridad frenteamplista propuso al Concejo Municipal que se aprobara el acuerdo con las Farmacias Populares, para el cual se debía pagar una cuota de incorporación y cuota anual para el 2022 por la suma única y total de $17.605.575 (diecisiete millones seiscientos cinco mil quinientos setenta y cinco pesos).
Vale hacer presente que a favor de la propuesta votaron la alcaldesa Macarena Ripamonti y los 10 concejales que componen el órgano edilicio, sellando de esta manera la incorporación del Municipio de la Ciudad Jardín a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
La controversia se origina debido a que esta adhesión de Viña del Mar a la Achifarp se dio en medio de un proceso judicial que tiene entre las cuerdas a la asociación que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Todo este proceso comenzó el 1 de abril del 2021 cuando la empresa importadora de mascarillas, Best Quality Products, se querelló por estafa en contra de la autoridad comunal de Recoleta, en su calidad de representante legal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
El siguiente capítulo tuvo lugar en junio de 2021 en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, lugar hasta donde acudió la firma para ingresar una solicitud que llevara a cabo la liquidación forzosa de Achifarp. Esto, con el objetivo de recuperar $1.292 millones, monto que –acusan en la acción judicial– les deberían las farmacias populares en productos para combatir el coronavirus, los cuales no han sido pagados.
A raíz de esta acción, el proceso tuvo otro episodio el 3 de diciembre, cuando la autoridad comunista, en representación de Achifarp, presentó un recurso de inaplicabilidad, buscando revertir el decreto de quiebra o la liquidación forzosa de la entidad que agrupa a las farmacias populares.
Tras analizar la solicitud realizada por Daniel Jadue, la segunda sala del Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inadmisible, por cuatro votos contra uno, el recurso de protección presentado por el Alcalde de Recoleta, argumentando que de forma contraria a lo postulado en el requerimiento, no existe conflicto constitucional "frente a una contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente aplicable a un caso concreto con la Constitución".
De igual forma, el TC sostiene en su resolución que "los vicios de inconstitucionalidad" reclamados por la defensa "no tienen sustento en el caso concreto, toda vez que no es posible advertir una afectación al derecho al recurso contenido en la garantía de un procedimiento racional y justo, en la medida que no existe perjuicio para la actora en la resolución pronunciada por el tribunal civil".
Posterior a ello, el TC notificó su resolución al Cuarto Juzgado Civil de Santiago, por lo que este último órgano decidió levantar la suspensión de la causa para la quiebra o liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
Cabe hacer presente que, además, la empresa Best Quality Products tiene, de forma paralela, un litigio por embargo de los bienes producto de cheques que no fueron pagados, por un monto que asciende a los $860 millones, proceso que está siendo revisado por el 17º Juzgado Civil de Santiago.
PURANOTICIA
