Este recurso debe ser tramitado inicialmente por la Corte de Chillán, lo que llevó a la defensa de la autoridad a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la apelación va contra la Constitución.
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La Fiscalía del Ñuble presentó una apelación ante la Corte Suprema para revisar si procede desaforar al Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, recientemente reelecto.
Este recurso debe ser tramitado inicialmente por la Corte de Chillán, lo que llevó a la defensa de la autoridad a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), argumentando que la apelación va contra la Constitución.
El abogado defensor Enrique Aldunate solicitó que el TC declare inconstitucional el recurso de apelación y, mientras tanto, suspenda su tramitación. El TC acogió esta petición el 5 de noviembre, suspendiendo la causa judicial hasta revisar la admisibilidad del recurso.
Según el jurista, la defensa busca que se declare inaplicable la norma de apelación del Código Procesal Penal, ya que el TC ha interpretado que sólo es posible apelar cuando el desafuero es aprobado, no cuando es denegado, como en este caso.
La defensa espera que el TC dé por concluido el caso al no poder revisarse en la Corte Suprema, pidiendo el sobreseimiento definitivo de Crisóstomo.
Antecedentes
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, realizó a mediados de octubre varias diligencias en la investigación relacionada con la arista ProCultura, parte del conocido «Caso Convenios».
Según informó la fiscalía, estas acciones se llevaron a cabo en la región de Ñuble, con la participación de un equipo de detectives de la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones, encabezado por uno de los fiscales que integra el equipo del fiscal Cooper.
En concreto, se citó a declarar a 19 personas, específicamente funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, miembros de la Fundación ProCultura y de una consultora. Entre los citados se encontraba el gobernador Óscar Crisóstomo (PS), convocado en calidad de imputado.
Durante la diligencia, se acogió a su derecho a guardar silencio, al igual que otros seis funcionarios convocados. A pesar de esto, los investigadores lograron obtener el testimonio de 10 de los citados, mientras que la declaración de otros dos fue reprogramada.
Estas diligencias se suman a las realizadas en nueve comunas de la región Metropolitana y en la región del Biobío, donde se llevaron a cabo incautaciones de diversos equipos tecnológicos, nubes informáticas y bases de datos de correos electrónicos, entre otros.
Esta arista de la investigación se centra en la posible comisión de delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias.
(Imagen: Gobierno Regional de Ñuble)
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