Ernesto Muñoz informó que, además de la investigación que lleva adelante el Ministerio, desde Gendarmería se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
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El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó el inicio de un sumario para esclarecer las circunstancias en que se produjo el asesinato por decapitación de uno de los internos, como parte de un aparente rito satánico practicado por su compañero de celda en un aparente estado de desequilibrio mental.
Los hechos ocurrieron en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Biobío, hasta donde llegó la autoridad para recabar antecedentes y adoptar medidas “rápidas y contundentes”.
“Sin perjuicio de que esto va a ser materia del sumario administrativo que la Dirección Regional (de Gendarmería) ha instruido, aquí se han cumplido los protocolos y Gendarmería ha actuado de manera profesional”, afirmó la autoridad.
“No hay que olvidar que este tipo de situaciones son prácticamente inéditas. Hace 40 años que no ocurría algo así en algunas de las cárceles de nuestro país”, dijo, junto con destacar “el profesionalismo de Gendarmería en la implementación de las acciones necesarias en este caso y en muchos otros casos como hemos visto a lo largo del tiempo”.
Consultado sobre la cantidad de vigilantes que estaban a la hora del crimen, el subsecretario Muñoz explicó que “en la situación de encierro solamente había uno y eso es habitual, porque hay medidas de seguridad que están siendo implementadas”.
Al momento del desencierro, en cambio, “había cuatro gendarmes que estaban presentes en el lugar y que fueron los que descubrieron el sitio del suceso y que alertaron de inmediato a su superioridad y ésta al Ministerio Público”.
Muñoz también informó que el autor del crimen permanece aislado de la población penal “y será el Ministerio Público el que tenga que determinar las medidas eventuales, como, por ejemplo, un traslado”.
Igualmente reiteró que las autoridades mantienen el control de los recintos penales del país, pese a los cuestionamientos que ha recibido la cartera y el Gobierno de parte de la oposición.
“Las cárceles en Chile están en manos de Gendarmería, aquí no hay ninguna cárcel que esté en manos de imputados”, enfatizó.
El crimen se cometió en la celda de la celda 21 del módulo 42 del penal Biobío. Allí fue encontrado el cuerpo decapitado de un reo identificado como Vincent González Aguirre, chileno de 27 años, condenado en 2022 a 15 años de cárcel por robo con violencia y tráfico de drogas.
El principal sospechoso es su compañero de encierro, Diego Valdés San Martín, de 41 años, condenado en 2022 por homicidio, crimen por el que fue condenado a una pena de 18 años de presidio.
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