Cerca de $90 millones destinará el Municipio para la realización de tres actos culturales, los cuales han sido consideradas como "ilegales" por parte de parlamentarios de la zona, quienes afirman que se trata de un "grosero acto de campaña para promover el «Apruebo»",
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"Únicamente aquellos organismos del Estado relacionados con funciones de comunicación, tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, podrían efectuar una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el Plebiscito".
Con estas palabras, la Contraloría advirtió, a través de un dictamen, cuáles son los organismos públicos que pueden abordar esta materia relacionada al Plebiscito de salida del 4 de septiembre, instruyendo también la realización de sumarios en cuatro municipios de la región Metropolitana (Cerrillos, Quinta Normal, Maipú y Cerro Navia), que incumplieron este pronunciamiento efectuado por la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado.
Esta acción repercutió de manera indirecta en Valparaíso, pues el Municipio que administra el alcalde Jorge Sharp se encuentra organizando una serie de actividades, bajo el nombre de «Festival Popular Constituyente», situación que también iría en detrimento de lo señalado por el órgano contralor, pues estos eventos contemplaría gasto público por parte de la casa edilicia porteña.
Previo al dictamen de Contraloría, el Municipio de Valparaíso abrió tres licitaciones para producir el festival, destinando un presupuesto de unos $90 millones para su realización, según se puede constatar en el sitio de Mercado Público.
Las bases indican que se deben incluir artistas nacionales de trayectoria, de distintos géneros musicales, además de agrupaciones o solistas de Valparaíso.
"Se trata de una actividad que busca convocar a la ciudadanía para disfrutar de una serie de expresiones artísticas de carácter local y nacional. La idea es que cada año tenga una connotación específica, a partir del contexto en el que se desarrolla. Seguramente el próximo año tendrá otro énfasis y lo vemos también como una iniciativa que moviliza a la economía local", señaló el encargado de la Delegación Territorial de la casa edilicia porteña, Paulo Gómez.
Según explicaron desde la autodenominada «Alcaldía Ciudadana», el evento forma parte de la planificación anual que tiene la Dirección de Cultura, lo que se suma a diversos eventos que fueron suspendidos durante el verano, por lo que el interés también está puesto en retomar estas actividades culturales y artísticas, con énfasis en la participación de los actores locales.
Respecto al dictamen del ente fiscalizador, Gómez dijo que "como Municipio, siempre tenemos en cuenta, y muy en cuenta, lo que Contraloría dictamina. Y de ser preciso, ajustaremos todo lo que sea necesario para tener la versión 2022 de estas actividades, sobre todo, porque Valparaíso requiere de actividades culturales y eventos que incentiven la visita de personas a la comuna y la generación de actividades de esparcimiento para los vecinos de la ciudad".
Como un "grosero acto de campaña para promover el «Apruebo»", calificó el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano, la publicación –vía Mercado Público– para un llamado a licitación de este «Festival Popular Constituyente» en Valparaíso.
Según el parlamentario del Distrito 7, la acción es "completamente ilegal", razón por la que anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que inicie, prontamente, un sumario en contra de la administración del alcalde Jorge Sharp y, así, entregue las respectivas explicaciones acerca de esta actividad.
"Es impresentable, el Alcalde debe dar explicaciones y la Contraloría debe exigirle hacer un sumario interno que establezca todas las responsabilidades, especialmente las suyas", comenzó señalando el diputado Sánchez.
Luego, agregó que "para el alcalde Sharp se ha vuelto una costumbre actuar de forma abusiva. Parece creer que él puede hacer lo que quiera, que es un pequeño rey dentro de la comuna y que no está obligado a cumplir ninguna ley".
De igual forma, sostuvo que "ha incumplido su deber de garantizar la seguridad pública, garantizar el aseo e higiene de la comuna, garantizar el desarrollo económico de la comuna, garantizar que los comercios puedan funcionar, y ahora garantizar que un proceso electoral pueda conducirse sin la intervención de autoridades con recursos públicos y en horario laboral".
El diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional, también se refirió a la iniciativa que espera llevar a cabo el Municipio porteño, argumentando sus críticas en relación al dictamen de la Contraloría General de la República.
"El ente contralor señala que los municipios podrían verse distraídos de su principal finalidad, que es satisfacer las necesidades de la comunidad local. En ese sentido, espero que la misma lógica sea aplicada respecto de la Municipalidad de Valparaíso, quienes dejan en situación de abandono a la comuna por preocuparse de temas políticos que no les corresponde pronunciarse, si consideramos este principio", manifestó el parlamentario de Chile Vamos.
También comentó que "el fallo de la Contraloría, que determinó que cuatro municipalidades de la región Metropolitana excedieron sus atribuciones al difundir el proceso constituyente del 4 de septiembre, sin duda podría complicar a la Municipalidad de Valparaíso, quienes abrieron licitaciones públicas millonarias para la realización de festivales constituyentes".
Esta situación fue denunciada ante Contraloría por parte del legislador del Distrito 7. Sin embargo, dijo que "no obstante a nuestra alerta, hace días, la alcaldía de Sharp continuaba informando sobre los festivales que estaba organizando".
PURANOTICIA
