Además, se sentenció a Matías Nicolás Maza Contreras a la pena de 20 años de presidio, como coautor del crimen; y a Jaritza Dominic Reynoso Araya a 7 años de reclusión efectiva, en calidad de encubridora del ilícito perpetrado en junio del año pasado.
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El Tribunal Oral Penal (TOP) de Copiapó condenó a Henry Williams Godoy Adao a la pena de presidio perpetuo calificado (mínimo 40 años de cárcel) por el robo con homicidio de Cristian Arancibia Pino, administrador de la empresa Starken en la capital de Atacama, asesinado el año 2022.
Además, en fallo unánime, el tribunal sentenció a Matías Nicolás Maza Contreras a la pena de 20 años de presidio, como coautor del crimen; y a Jaritza Dominic Reynoso Araya a 7 años de reclusión efectiva, en calidad de encubridora del ilícito perpetrado en junio del año pasado.
El TOP de Copiapó dio por acreditado que en horas de la mañana del 7 de junio de 2022, un grupo de sujetos, entre ellos los acusados Godoy y Maza, previamente concertados, comenzaron a seguir a la víctima, Cristián Arancibia Pino. Este último, como administrador regional de Starken, se encontraba retirando dinero de sucursales bancarias, y el seguimiento tenía por objetivo conocer los movimientos y traslados de dinero en efectivo que realizaba la víctima.
Alrededor del mediodía, Arancibia, a bordo de su vehículo particular, llegó a la sucursal de la empresa Starken, ubicada en Av. Los Carrera de Copiapó, lugar donde fue abordado por los acusados. Los delincuentes intentaron sustraerle la cantidad de $26 millones, que había retirado previamente de un banco y, ante la resistencia del trabajador, Godoy le disparó en el abdomen, provocándole la muerte. Con el dinero en su poder, malhechores se dio a la fuga del lugar.
Posteriormente, Godoy y Maza tomaron contacto con Reynoso, quien a bordo de un vehículo concurrió hasta el pasaje Las Tinajas, donde los recogió y llevó en dirección desconocida. En el aspecto civil, el TOP acogió la demanda de indemnización de perjuicios deducida y condenó solidariamente a Godoy y Maza, a pagar la suma de $200.000.000 por concepto de daño moral; y a Reynoso al pago de $2.000.000 por daño moral, a la hija menor de edad de la víctima.
Sobre el resultado penal de esta causa, ante un delito de alto impacto en la comunidad regional, el fiscal que dirigió la investigación, Sebastián Coya, indicó que la fiscalía desarrolló desde el primer día intensas diligencias destinadas a establecer la identidad y participación individual de los involucrados.
“Esta sentencia viene a valorar el trabajo de la Fiscalía y el profesionalismo con que realizó la investigación de este caso. Ciertamente, estas penas, ni ninguna otra, remediará el dolor de la familia de la víctima, pero confiamos en que de alguna manera hayan sentido que se logró la justicia que pidieron luego del lamentable fallecimiento de su familiar”, indicó el fiscal.
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