La resolución judicial ordena a la compañía poner fin a sus faenas y hacerse cargo de los impactos ambientales generados.
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El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ha ratificado el cierre definitivo y permanente de la mina Alcaparrosa, propiedad de la canadiense Lundin Mining. El fallo, que acoge una demanda civil del Consejo de Defensa del Estado (CDE), pone fin a las operaciones subterráneas que provocaron un gigantesco socavón en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, en 2022.
La histórica decisión no solo ordena la clausura de la mina, sino que establece un estricto conjunto de medidas para reparar y compensar los daños ambientales. El tribunal busca "recuperar la estabilidad física y química del acuífero del río Copiapó" y garantizar la seguridad hídrica y ecosistémica de la zona.
El dictamen, de 210 páginas, detalla una serie de acciones que la filial de Lundin Mining, Minera Ojos del Salado, deberá llevar a cabo. Entre las principales medidas se encuentran:
Relleno del socavón: La compañía deberá rellenar el sumidero y asegurar la recarga del acuífero subterráneo.
Proyectos hídricos: Se le exige a la empresa la construcción de infraestructura para fortalecer los sistemas de agua potable y aguas residuales en las comunidades aledañas a la mina.
Monitoreo constante: Se establece un seguimiento continuo de la zona para asegurar que se cumpla con la remediación.
Transferencia de derechos de agua: La firma tendrá que transferir derechos de agua subterránea a la comunidad.
En un comunicado, Lundin Mining afirmó que ha colaborado con el proceso y que trabajará para implementar las medidas, aunque dejó abierta la posibilidad de "determinar los próximos pasos", lo que podría incluir una apelación.
Desde la paralización de la faena en 2022, la empresa eliminó las reservas minerales de Alcaparrosa de sus proyecciones de producción. Sin embargo, aclaró que el fallo no afecta a la operación de la mina Candelaria, también en Tierra Amarilla, que se prevé produzca entre 140.000 y 150.000 toneladas de cobre en 2025.
Este fallo marca un precedente significativo en la legislación ambiental chilena, enviando una clara señal a la industria minera sobre la importancia de la responsabilidad ecológica y de priorizar la seguridad de las comunidades y el entorno natural.
PURANOTICIA
