El Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso informó que desde 2022 a la fecha, la toma del cerro La Virgen pasó de tener 2.881 familias, a contar con más de 5.600.
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Explosivo ha sido el aumento poblacional que ha tenido la toma del cerro La Virgen, en la comuna de San Antonio, desde el año 2022 a la fecha, y a menos de un mes de que venza el plazo otorgado por la justicia para desalojar el terreno ocupado ilegalmente.
Fue hace 90 días que la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió que en cuatro meses se debía materializar el desalojo de este espacio tomado el año 2019 en pleno estallido social y que, según cifras entregadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), ha tenido un impresionante crecimiento de ocupantes ilegales.
Mientras el recurso de protección se tramitaba, el director del Serviu Valparaíso, Rodrigo Uribe, reveló que desde el año 2022 a la fecha, la toma del cerro La Virgen pasó de tener 2.881 familias a contar con más de 5.600 viviendo en ella. Esta cifra significa que en este terreno de 204 hectáreas viven alrededor de 15 mil personas.
Otro dato que da cuenta de la realidad del campamento en San Antonio fue el expresado por los propios dirigentes de la toma: el 33% de quienes habitan este territorio son niños y el 27% son extranjeros, muchos de ellos indocumentados.
Si bien, el fallo del tribunal de alzada porteño sostiene que la toma ilegal es "espuria y contraria al Estado de Derecho", la medida de desalojarla también ha recibido críticas.
Una de ellas provino del presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), quien calificó la resolución de la Corte de Apelaciones como "delirante" por intentar un desalojo de esta magnitud.
"Creo que en la necesidad de frenar el desalojo. Coincidimos todos en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15 mil personas. Francamente, es delirante la idea", señaló en la última sesión de esta instancia legislativa.
De igual forma, sostuvo que "tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje o de un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales están las familias".
Por su parte, el abogado de los dueños del terreno, Diego Pereira, criticó fuertemente lo manifestado por el diputado Hirsch, señalando que "me parece una pésima señal, viniendo de un Diputado de la República. Más aún, en plena discusión sobre el veto dispuesto por el Ejecutivo a la nueva ley de usurpaciones".
También ahondó en la presión que tiene su representado para que acepte a venderle su propiedad al Estado, dado el conflicto social generado y puesto que la usurpación siguió creciendo sin freno mientras el caso estuvo judicializado.
En ese sentido, indicó que se le hizo una oferta de $38 mil millones por las 204 hectáreas ocupadas ilegalmente, cifra que –aseguró el abogado Pereira– es un 30% bajo el valor comercial y bajo la tasación por hectáreas realizada por el MOP cuando intentó expropiar un tramo para el nuevo acceso al Puerto de San Antonio.
Finalmente Pereira expuso que "el escenario ideal es recuperar los terrenos de la empresa y ejecutar los proyectos que estaban previstos para iniciativas privadas de viviendas sociales; pero entendemos que dada la cuantía de personas que habitan, es muy difícil. Nos han orillado a llegar a un acuerdo que, desde el punto de vista de la dificultad, del cumplimiento del fallo, estamos dispuestos a aceptar".
PURANOTICIA
