En octubre de este año, la entidad edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti reconoció haber abandonado el juicio en contra del consorcio que se había adjudicado la concesión de los parquímetros de toda la población Vergara.
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Corría el mes de marzo del año 2019 y la Municipalidad de Viña del Mar, frente a una serie de graves y evidentes incumplimientos, dedujo demanda civil de indemnización de perjuicio en contra de las dos empresas, las que conformaban el consorcio que se había adjudicado la concesión de los parquímetros de toda la población Vergara; y la tercera, que adquirió las acciones de GLOBE PARKING SPA.
La millonaria demanda se interpuso por un total de 397.884,08 UF, que a valor de hoy ascendería a más de 14 mil millones de pesos ($14.559.803.970), o sea poco menos de lo que la actual alcaldesa Macarena Ripamonti pretendía conseguir con la fallida licitación de un leaseback para pagar las cotizaciones previsionales que se adeudan a los funcionarios de la Corporación Municipal.
Dicha demanda fue ingresada ante el segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, fue inicialmente tramitada activamente por la Municipalidad como demandante, sin embargo, a poco andar la casa edilicia habría dejado de tramitar el juicio, lo que provocó que tres años después, el 27 de septiembre de 2023, las empresas demandadas alegaran al Tribunal que la Municipalidad “abandonó del procedimiento”, (que es un castigo que impone la ley cuando un demandante no realiza acciones en un juicio en 6 meses) por lo que correspondía dejar sin efecto el juicio y quedar en nada la pretensión del municipio de ser indemnizado.
Así las cosas, el 16 de octubre del presente año, el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Viña del Mar se allanó a esta solicitud de abandono, vale decir, accedió a la petición de la contraparte de dar por perdido este millonario juicio sin presentar objeción alguna, privando a las arcas municipales de acceder a todo o, al menos, a una parte del dinero demandado.
En julio de 2017, eran momentos de graves apremios económicos para el Municipio viñamarino, ya que empezaba a develarse un gran déficit en las arcas públicas, producto de años de un manejo irresponsable de las finanzas, por lo que urgía obtener nuevos y cuantiosos ingresos. En ese contexto, la Municipalidad convocó a una licitación que pretendía tarificar todo el plan de Viña, de 1 a 15 Norte y de Los Castaños hasta la avenida Perú, contemplando la instalación de 4.408 calzos para automóviles, por un plazo de cinco años. Para ello, la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla), encabezada por el hoy cuestionado Tomás Ochoa Capelli en el caso «Convenios», elaboró unas bases que permitirían al Municipio recaudar miles de millones de pesos para cubrir las millonarias deudas que acumulaba y que mantenía ocultas como más tarde comprobaría la Contraloría General de la República.
Luego de una revisión de las ofertas, se decidió adjudicar la propuesta pública al Consorcio formado por las empresas GLOBE S.A. y EXPLOTADORA Y ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMIENTOS LIMITADAS, vinculadas al empresario y ex alcalde de Santiago, Raúl Alcaino.
Así pues, el 2 de octubre de 2017, dicha propuesta fue adjudicada al referido consorcio, con la obligación de pagar 1,64 UF, por cada uno de los 4.408 calzos, lo que resultaba en un ingreso mensual para el Municipio de 7,229,12 UF, o sea $ 264.535.766 a valor presente. El contrato fue firmado el día 16 de octubre de 2017, sin embargo, tras unos meses de funcionamiento, que le permitieron a las empresas adjudicadas recaudar importantes sumas de dinero, a fines de abril de 2018, a tan sólo cinco meses de iniciada la explotación, hicieron abandono de la concesión, dejando de explotar el contrato, para luego ponerle término a la sociedad.
Cabe recordar que la empresa concesionaria no sólo abandonó la licitación en abril de 2018, sino que, a pesar de haber recaudado las tarifas de estacionamiento durante todo un verano, dejó de pagar la renta desde marzo del mismo año, amén de otros incumplimientos sanitarios y laborales, que implicaron multas y paralización de operaciones.
En este contexto es que, tras constatarse una serie de irregularidades, la Municipalidad de Viña del Mar decidió presentar esta millonaria demanda por más de 14 mil millones de pesos, con el objeto que se resarcieran los perjuicios que el actuar de las empresas le había causado a la ciudad.
¿El juicio fue abandonado por una decisión fundada del Departamento Jurídico Municipal? Y, de ser así, ¿cuál es ese fundamento? O, ¿simplemente a los abogados se les pasaron los plazos de tramitación por negligencia y poco interés en hacer la pega?
Mientras se obtiene alguna respuesta, lo concreto es que la Municipalidad, con este proceder, perdió un juicio por WO y no podrá obtener una millonaria indemnización que mucho le habría servido a la alcaldesa Ripamonti para poder pagar las deudas previsionales que los trabajadores de la Corporación Municipal le demandan.
PURANOTICIA
