Contralora (s) Dorothy Pérez acudió a la Comisión Especial Investigadora del Megaincendio del 2 y 3 de febrero, instancia en la que compartió con los diputados una serie de antecedentes respecto a las fiscalizaciones realizadas tras la catástrofe que le costó la vida a 137 personas.
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En el marco de la última sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio registrado los días 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, la contralora general de la República (S), Dorothy Pérez, compartió información con los diputados acerca de las investigaciones que realiza a organismos públicos.
Antes de detallar dicha información, vale recordar que esta verdadera catástrofe le costó la vida a 137 personas, además de consumir más de 8 mil viviendas y dejar a más de 20 mil personas en condición de damnificadas, según las cifras oficiales.
En ese sentido, la autoridad precisó que son dos los grandes cursos de acción que están llevando a cabo: primero, relacionado al Programa de Manejo del Fuego y la asignación, realización y pago de horas extraordinarias en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y; segundo, una revisión al rol cumplido por las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en base a las denuncias presentadas contra las autoridades de dichas casas edilicias tras la emergencia.
El 2 de abril de 2024, vale decir, dos meses después de desatado el megaincendio, la Contraloría General de la República inició una fiscalización a Conaf, en base a la información recopilada hasta el momento, dando inicio a sendas auditorías.
Así es como esa jornada se constituyeron equipos de fiscalizadores en Conaf para investigar respecto el Programa de Manejo del Fuego entre julio de 2023 y febrero de 2024, incluyendo una serie de puntos, como la adquisición del equipamiento, si se cumple la normativa –o no– en esos procesos, la contratación de aeronaves, las campañas preventivas realizadas, si hubo acciones formativas al personal de Conaf y el cumplimiento de actividades de coordinación de Conaf con otras instituciones públicas, entre otros puntos relacionados al trabajo de Contraloría.
"Eso se está revisando en esta fiscalización, para determinar si Conaf contaba con los mecanismos de control que hubieran permitido garantizar la correcta contratación, recepción, almacenamiento y pago de los bienes para atender emergencias y verificar el cumplimiento de la normativa, y si Conaf adoptó o no medidas para contar con estos bienes y servicios antes de la temporada de emergencia para su adecuada distribución", señaló la contralora (s) Dorothy Pérez.
Dicha auditoría sigue en curso, aunque en una etapa final, por lo que se espera que en las próximas dos o tres semanas se entregará un preinforme de observaciones.
La segunda fiscalización en Conaf dice relación con la asignación, realización y pago de horas extraordinarias en Conaf, entre enero de 2023 y marzo de 2024. En esta arista se revisa la procedencia de los pagos a las personas que desempeñan o desempeñaron funciones directivas en Conaf y también a los brigadistas.
A ello se sumaron otros dos puntos de fiscalización, relacionados a la contratación de personal en distintas direcciones regionales y la revisión acerca de cómo fueron esos procesos de incorporación de dicho personal. Al igual que con el Programa de Manejo del Fuego, esta auditoría concluirá en dos o tres semanas, con la entrega de un preinforme, al que Conaf podrá responder en 10 días hábiles, prorrogable a otros cinco. Tras ello viene la emisión del informe final, atendiendo y revisando sus descargos.
La segunda gran arista investigativa de la Contraloría General de la República apunta a los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instituciones que están siendo fiscalizadas por equipos del órgano regional de control en base a las denuncias recibidas y a la información ya levantada previamente.
La contralora (s) Dorothy Pérez explicó ante los diputados que integran la CEI del Megaincendio que "el objetivo es fiscalizar el cumplimiento de la ley 21.364, que establece el Senapred y también los planes comunales para la reducción de riesgos de desastres y planes comunales de emergencia".
De igual forma, dicha fiscalización busca dilucidar las medidas preventivas que se adoptaron en relación al megaincendio del 2 y 3 de febrero. En ese sentido, la autoridad (s) de Contraloría señaló que contra algunos municipios ya tienen denuncias formales presentadas, mientras que en otros casos, indicó que la indagatoria se realiza en base a la fiscalización clásica que se realiza tras una emergencia.
"Todo esto se ha acumulado en un trabajo que está realizando la Contraloría de Valparaíso", dijo Pérez ante la instancia legislativa.
Pero la lupa no sólo se ha puesto en Conaf y los municipios de Viña, Quilpué y Villa Alemana, sino que también se ha hecho revisión a la Dirección Regional de Valparaíso de Conaf, a la empresa sanitaria Esval y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS); esto, para recopilar información en torno a ver qué medidas se adoptaron y qué sucede con el programa de mantención de grifos.
También se estudia la vigencia de un oficio ordinario donde se establecieron requisitos e instrucciones de las empresas sanitarias respecto del parque de grifos. "Todo eso se está revisando y estamos próximos a emitir preinforme", dijo Pérez.
Asimismo, el 26 de marzo de este año, la Contraloría General de la República requirió información a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, además de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, relacionada a los ingresos y gastos para entregar ayudas, y del manejo de la emergencia producto del incendio.
Toda esta información fue destacada por el diputado y presidente de la CEI del Megaincendio, Tomás Lagomarsino, quien destacó "las indagatorias que realiza en el Municipio de Viña del Mar y de Quilpué por la situación de los planes de emergencia; y otra al Departamento del Control del Fuego de Conaf por las medidas adoptadas. Obviamente en estas dos materias, e independiente de la indagatoria que está realizando la Contraloría General de la República, también nos pronunciaremos como Comisión Investigadora en el informe que empezaremos a desarrollar desde este miércoles y por el cual tenemos 15 días para sancionar".
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