Consejero regional Manuel Millones acudió al ente contralor para solicitarles que investiguen si se está cumpliendo con el contrato suscrito entre el Ministerio de Transportes y los empresarios microbuseros.
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En el marco de la crisis del transporte público que viven las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, zona conocida como el Gran Valparaíso, uno de los principales problemas dicen relación con la baja frecuencia de buses.
Esto, a su vez, según los conductores de la locomoción colectiva, tiene que ver con un déficit de choferes, pues indicaron que en promedio cuentan con sólo un trabajador por ma´quina, cuando se necesitan al menos tres para cubrir las 3.600 micros con las que cuenta la región de Valparaíso, tanto en el área urbana como en la rural.
Considerando que los principales problemas se han evidenciado en las comunas del Gran Valparaíso, zona que tiene su sistema de transporte público licitado, el consejero regional (core) Manuel Millones acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para resolver algunas dudas que surgen en torno al contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los empresarios microbuseros.
Es bajo este contexto que sale a la luz un dato revelador: un 25% de la flota actual de microbuses licitados en el Gran Valparaíso no estarían trabajando en las calles porque no tienen trabajadores que las manejen. En otras palabras, de las 2.200 máquinas contratadas, unas 550 permanecerían en sus garitas por falta de conductores.
"Lo que nos han informado los conductores es que hay un 25% de la flota detenida en la garita porque no hay conductores. Los conductores mandan fotos de todos los buses parados en las garitas y nos dicen: buses hay, pero no hay conductores", señaló a Puranoticia.cl el core Manuel Millones.
Ésta es una de las interrogantes que la autoridad regional le planteó a la Contraloría Regional de Valparaíso para que les resolviera en su respuesta; esto, considerando que fue el ente fiscalizador de los órganos del Estado el que tomó razón del contrato firmado entre el Ministerio de Transportes y los empresarios microbuseros del Gran Valparaíso.
En específico, las preguntas que han surgido en toda esta problemática tienen que ver con la frecuencia de buses, vale decir si la cantidad de micros que circula en las calles es la que se comprometió en el contrato; si el Estado le está descontando dinero a los empresarios que no cumplen con la frecuencia y; si los dueños de las máquinas están pagando las infracciones que eventualmente se les cursan.
Tomando en cuenta que se paga un subsidio por cada bus en el sistema licitado del Gran Valparaíso, el core Millones explicó que "cuando se hizo el contrato con cada línea, se estableció una frecuencia y una flota, donde cada bus tiene GPS. Cuando los vecinos se quejan de la frecuencia en horas puntas, la pregunta es si se está fiscalizando, porque con el GPS se puede medir si están circulando. Y eso no lo sabemos".
"Como Contraloría tomó razón del contrato, les pedimos que fiscalicen si está la flota señalada, porque con GPS se puede ver, y también ver si se ha descontado el dinero de la subvención en caso que la flota no esté circulando", añadió.
Un punto a favor de los usuarios es que la normativa actual permite que si una línea incumple el contrato, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones tiene la potestad de finalizar el contrato y buscar a una nueva empresa que cumpla su recorrido.
Bajo este contexto, el consejero Millones explicó que "por ejemplo la línea de Forestal. Si se determina que la frecuencia no es la del contrato, se puede poner término a dicho contrato. Entonces ahora la Seremi de Transportes tiene la potestad de terminar los contratos por línea. Si la misma línea de Forestal incumplió el contrato, yo puedo expulsarla y llamar a otros operadores que la cubran".
Es en este punto donde surge un nuevo problema: la región de Valparaíso aún no tiene Seremi de Transportes, situación que complica el cumplimiento de la normativa actual, y más aún teniendo en cuenta que tampoco hay una autoridad subrogante, como sí las hay en otros ministerios. Por tanto, no se pueden firmar documentos ni autorizar ni rechazar nada.
"Por eso le pedimos a Contraloría que fiscalice, porque cada bus tiene un GPS, una placa, un nombre, y porque el único que sabe cuántos buses han circulado es el Seremi de Transportes. La pregunta a Contraloría es cuántos buses circulan de acuerdo al GPS, cuántos son los infraccionados y cuánto se está pagando", concluyó la autoridad regional.
PURANOTICIA
