El tribunal autorizó el alzamiento del secreto bancario del imputado, quien habría generado un perjuicio superior a los $4.600 millones a través de emisiones fraudulentas.
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El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió autorizar la apertura de las cuentas bancarias de L.R.C.Z., médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana, quien enfrenta cargos como autor de delitos reiterados de fraude de subvenciones y la emisión de 11.800 licencias médicas fraudulentas. Según los antecedentes de la investigación, los ilícitos se habrían perpetrado en el periodo comprendido entre enero de 2023 y junio de 2025.
Durante la audiencia destinada a la revisión de las medidas cautelares, el magistrado Gonzalo Martínez Merino dio luz verde a la solicitud de esta medida intrusiva presentada por el Ministerio Público, tras determinar que la diligencia resulta fundamental para el avance del proceso judicial.
Al respecto, el tribunal argumentó que “Dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público para efecto de la investigación de delitos está solicitar medidas intrusivas que digan relación con los delitos por los cuales está siendo investigada esta persona en particular. Teniendo en cuenta que el imputado fue formalizado por dos delitos que dicen relación directamente, uno por un fraude y otra con la omisión de licencia médica y la obtención de dinero a través de la venta de estas, es que al tribunal le pareció razonable autorizarlo”.
En cuanto a la situación de libertad del profesional, el juzgado determinó revocar la prisión preventiva que pesaba sobre el imputado desde el pasado 8 de marzo. En su reemplazo, se decretaron las medidas de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la prohibición absoluta de emitir licencias médicas mientras dure el proceso.
Para justificar el cambio en las cautelares, el juez Martínez Merino explicó que “se accedió a esta solicitud de la defensa básicamente teniendo en cuenta que, en primer lugar, el contexto de discusión decía relación únicamente con la necesidad de cautela; se decretó la prisión preventiva en su oportunidad por peligro de fuga, porque la persona no había acreditado arraigo nacional o familiar y ahora la defensa acompañó antecedentes de esta”.
Asimismo, el magistrado añadió que “en segundo lugar, la persona tiene irreprochable conducta anterior y ha sido formalizado por dos simples delitos; por lo tanto, uno podría estimar en este estado estadio inicial de la investigación, que en caso de ser condenado va a cumplir la pena en libertad”.
Finalmente, la resolución consignó: “Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal establece que las medidas cautelares son esencialmente provisorias y necesarias para asegurar los fines del procedimiento, el tribunal estimó que otras medidas cautelares de menor intensidad podían cumplir con este fin procesal”.
Radiografía de los delitos imputados
De acuerdo con la indagatoria de la fiscalía, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado —quien figura como médico general sin especialidad en los registros de la Superintendencia de Salud— emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas. El facultativo operaba mediante las plataformas I-Med y Medipass, beneficiando a 11.239 afiliados de Fonasa y 935 de isapres, actuando tanto de forma individual como a través de Surmédica SpA, sociedad domiciliada en Coquimbo que fundó junto a su madre.
Las cifras revelan que solo 275 de estos documentos fueron entregados de manera presencial, mientras que 11.065 se otorgaron vía remota. Estas estadísticas posicionaron al imputado como el mayor emisor de licencias médicas en todo Chile durante el año 2024. Llama la atención de los persecutores que el grueso de los diagnósticos correspondiera a patologías de salud mental y enfermedades osteomusculares, pese a que el profesional no posee especialidades en dichas áreas.
Dentro de las irregularidades detectadas, se estableció que el médico otorgó 36 licencias a 34 funcionarios públicos que se encontraban fuera del país durante sus periodos de reposo, además de otras seis licencias a empleados estatales que fueron captados asistiendo a casinos de juegos.
En términos económicos, el impacto fiscal es millonario: de las licencias emitidas a usuarios de Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, lo que significó un desembolso estatal improcedente de $4.639.802.932 por concepto de subsidio por incapacidad laboral.
PURANOTICIA
