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Juzgado de Garantía de Concepción paraliza remate de vivienda incautada a imputado en arista del «Caso Convenios»

Juzgado de Garantía de Concepción paraliza remate de vivienda incautada a imputado en arista del «Caso Convenios»

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El inmueble pertenece a Eduardo Quezada, imputado en la arista 'Fundación En Ti', y tío de quien fuera jefe de gabinete del exgobernador Rodrigo Díaz.

Juzgado de Garantía de Concepción paraliza remate de vivienda incautada a imputado en arista del «Caso Convenios»
Lunes 7 de abril de 2025 23:20
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El intento del Banco Santander por rematar una propiedad hipotecada terminó siendo frenado por el Juzgado de Garantía de Concepción, luego de que se impusiera la medida cautelar real solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del «Caso Convenios».

El inmueble pertenece a Eduardo Quezada, imputado en la arista 'Fundación En Ti', y tío de quien fuera jefe de gabinete del exgobernador Rodrigo Díaz. El bien raíz, ubicado en el sector Lorenzo Arenas de Concepción, fue adquirido en 2023 con un crédito por 73 millones de pesos, del cual —según consta en la causa— no se pagó ni siquiera la primera cuota, motivo por el cual el banco presentó una querella para ejecutar la subasta.

Sin embargo, durante una audiencia celebrada este lunes, el tribunal rechazó la autorización para rematar la propiedad, dando prioridad a la medida precautoria solicitada por el CDE, que busca asegurar fondos para una eventual restitución de los $250 millones que fueron transferidos desde el gobierno regional del Biobío a la Fundación En Ti.

“La resolución se impone como una forma de proteger el derecho del Estado a recuperar los dineros defraudados”, explicó Andrés Cruz, abogado defensor de Quezada. Según el jurista, este tipo de medida cautelar "prevalece por sobre una deuda con el banco", al tratarse de recursos públicos vinculados a un presunto fraude al Fisco.

Con esta decisión, la propiedad de Quezada no podrá ser subastada por ahora, y quedará sujeta al proceso penal abierto por el «Caso Convenios», donde el foco está puesto en esclarecer el uso de fondos públicos por parte de fundaciones contratadas por el Estado.

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