Juzgado de Letras de Quillota resolvió a favor de los cuatro ex trabajadores de Seguridad Ciudadana una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" presentada, con ocasión de su despido, en contra de la casa edilicia de La Cruz.
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Cuatro ex funcionarios que se desempeñaban en la unidad de Seguridad Ciudadana pusieron en jaque a la Municipalidad de La Cruz, luego que el Juzgado de Letras de Quillota resolviera a su favor una demanda por "vulneración de derechos fundamentales" presentada con ocasión de su despido en contra de la casa edilicia que administra la alcaldesa Filomena Navia.
El fundamento esgrimido por el abogado Raimundo Palamara en la acción judicial es que sus representados cumplieron labores que fueron "desempeñadas satisfactoriamente, sin reclamos en contra, con una hoja de vida intachable y con gran conocimiento en seguridad, dada a la experiencia personal de cada uno".
Se trata de Luis Hormazábal Ramírez, quien prestó servicios en el Municipio de La Cruz desde el 13 octubre de 2017, con un ingreso a diciembre de 2021 de $1.314.315; de José Carlos Fernández Muñoz, quien ingresó el 11 de julio de 2017, con un sueldo de $1.314.315; de Daniel Hurtado Aspe, trabajador desde el 12 de febrero de 2016, con un ingreso de $1.499.156 y; de Claudio Monsalves Chamorro, funcionario desde el 5 de febrero de 2016, con un ingreso a diciembre de 2021 de $1.499.156.
Sus trabajos los desarrollaron de manera continua hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en que se les notificó que sus contratas no serían renovadas y que prestarían servicios en el Municipio de La Cruz hasta el 31 de diciembre de 2021.
En base al decreto que les notificó su no continuidad en el Municipio, en la demanda se indica que los motivos expuestos "no explican por qué se decide no renovar a sus representados y sí renovar a los demás que componían las labores de inspectores municipales".
Y agregan que en "el Oficio ORD Nº 62/2021, que más allá de lo incompleto por el escaso periodo que efectúo la estadística, sin ningún criterio serio para establecer sus resultados, y obviando la realidad de la comuna, solo se refirió a las labores de la camioneta municipal que sirve para realizar las rondas, y no a las restantes labores que cumple Seguridad Ciudadana, en los cargos de Inspectores Municipales que ostentaban cada uno de los actores".
Bajo este contexto, en la demanda acusan "discriminación", pues aseguran que la casa edilicia a cargo de Filomena Navia "no dio los criterios del por qué seleccionó que continuaran como Inspectores Municipales los demás funcionarios y por qué decidió no renovar a sus representados".
Sin embargo, en el Concejo Municipal de 16 de diciembre de 2021, la alcaldesa Navia señaló que los motivos del por qué no se les renovó son los siguientes:
Frente a estas palabras, en la demanda se indica que "la Alcaldesa reconoce que las razones por las cuales no fueron renovadas las contratas era porque eran miembros de las Fuerzas Armadas o policiales y, por tratarse de personas adultas mayores, como expresamente lo denominó".
Con esto, afirman que "se afectó la integridad psíquica de cada uno de sus representados, y se les discriminó de manera grave, puesto que el criterio utilizado en la realidad fue su calidad de haber pertenecido anteriormente a las Fuerzas Armadas o fuerzas policiales".
En atención a la edad de los cuatro denunciantes, el abogado Palamara indica en la acción judicial que son "cuestiones de gravedad que desacreditan los motivos relativamente objetivos narrados en el Decreto que decidió la no renovación" y, además, "da cuenta del trato hostil y discriminatorio de parte de la Alcaldesa del municipio denunciado".
En ese sentido, también exponen que la alcaldesa Navia "provocó, junto con la discriminación, una afectación en el foro interno de cada uno de sus representados, toda vez que los discriminó por su origen social, al provenir de las Fuerzas Armadas y policiales, y a la edad de ellos, que de por sí produce una vulneración grave en la dignidad de los denunciantes".
"El Municipio, al discriminarlos, afectó este derecho en lo referido al respeto y protección a la honra de cada uno de ellos y su familia, por cuanto la agresión sufrida afectó en lo profundo su sentimiento de honor tan inculcado dentro de las Fuerzas Armadas y policías", agregaron.
A raíz de todos los antecedentes expuestos, los demandantes solicitan que se declaren cuatro puntos específicos.
En primer lugar, que la no renovación de las contratas de cada uno de los demandantes "es vulneratorio de sus derechos fundamentales y/o resulta discriminatorio"
También piden que se condene a la denunciada al pago de casi $20 millones ($19.984.030), equivalente a 11 ingresos de sus representados, lo que no podrá ser inferior a seis meses de remuneración mensual, "por la vulneración de derechos fundamentales sufrida o la suma mayor o menor que se estime en derecho corresponde".
En tercer lugar solicitan que se ordene a la Municipalidad de La Cruz que adopte un protocolo contra la discriminación por cualquier distinción, según lo señala el artículo 2 del Código del Trabajo.
Y, finalmente, que se pida disculpa a los denunciantes "por la discriminación sufrida" y, en definitiva, que se ordene la reintegración de los cuatro a sus puestos de trabajo, "en la misma calidad funcionaria que se encontraban de manera previa al decreto de no renovación".
Luego de analizar todos los antecedentes, el 2º Juzgado de Letras de Quillota resolvió que la no renovación de las contratas de los denunciantes Hormazabal, Fernández, Hurtado y Monsalves "constituye un acto vulneratorio de la garantía de no discriminación".
También, se decidió condenar a la denunciada Municipalidad de La Cruz a pagar, por concepto de indemnización, el equivalente a siete meses de remuneración.
A su vez, deberán en 90 días confeccionar un protocolo de no discriminación, además de exhibir en sus dependencias una copia de esta sentencia y por 15 días.
Por último, la jueza titular Patricia Zavala condenó al Municipio de Filomena Navia, en costas a la parte denunciada, las que se regulan $800.000.
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