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Insólito error judicial en investigación del megaincendio: De los tres imputados sólo se notificó a uno y reformalización se reagendó

Insólito error judicial en investigación del megaincendio: De los tres imputados sólo se notificó a uno y reformalización se reagendó

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Fiscal del caso, Osvaldo Ossandón, comentó que "por alguna razón, cosas que ocurren a veces en tribunales, solamente fue traído por Zoom el último de los formalizados".

Insólito error judicial en investigación del megaincendio: De los tres imputados sólo se notificó a uno y reformalización se reagendó
Miércoles 30 de octubre de 2024 14:41
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Expectación existía este miércoles por la audiencia de reformalización de los tres sujetos que se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva como presuntos autores del origen del megaincendio que le costó la vida a 137 personas y destruyó más de 8 mil viviendas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, instancia donde el Ministerio Público les iba a imputar un delito más.

Se trata de Franco Pinto Orellana, ex brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf); de Francisco Mondaca Mella, ex voluntario de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso; y de Elías Salazar Inostroza, ex teniente de la misma unidad y ex funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Sin embargo, la audiencia debió ser suspendida y postergada hasta el 14 de noviembre debido a un insólito error administrativo del tribunal porteño: notificaron sólo a uno de los imputados, pese a que la solicitud realizada por la Fiscalía implicaba a los tres.

El fiscal a cargo de esta causa y, además, especialista en investigaciones de incendios forestales, Osvaldo Ossandón, explicó que "el día de la audiencia de formalización del último de los imputados (Elías Salazar) en la causa del incendio del 2 de febrero, solicitamos una audiencia de reformalización para los tres sujetos, con el objeto de incluir el ilícito de agrupación criminal en la realización de incendio, el último de los cuales que terminó con la tragedia del 2 de febrero".

Sin embargo, el persecutor lamentó que "por alguna razón, cosas que ocurren a veces en tribunales, solamente fue traído por Zoom el último de los formalizados". De igual forma, recordó que en el acta aparecía que debía citarse a los demás a través del complejo penal respectivo, pero no fueron puestos a disposición, por lo que se tuvo que reagendar la audiencia para el próximo 14 de noviembre.

No obstante a aquello, el fiscal Osvaldo Ossandón afirmó que esto "está dentro de los plazos de investigación, por lo tanto no afecta mayormente a lo que se sigue desarrollando. Seguimos trabajando y avanzando, simplemente hay que esperar hasta el próximo 14 de noviembre para formalizarlos por el ilícito, agregar el ilícito medioambiental y la agrupación criminal para generar incendios". 

Lo ocurrido en el tribunal porteño también fue comentado por Felipe Olea, abogado de los damnificados que perdieron familiares durante el megaincendio: "Esta audiencia no se pudo llevar a cabo por un error administrativo del tribunal. Solamente se pudo notificar a uno de los tres imputados y, en consecuencia, debió reagendarse para el 14 de noviembre, día en el que esperamos el Ministerio Público los reformalice y continúe con esta investigación, que lo que busca es revelar si efectivamente operó o no lo que hemos denominado el «Cartel del Fuego», si efectivamente hay más funcionarios en este caso, tanto de Conaf como de Bomberos u otras instituciones que pudieron haber paritcipado de forma coordinada para cometer estos delitos".

Junto a indicar que "entendemos que los tres detenidos son solamente la punta del iceberg", el jurista prosiguió su relato diciendo que "una vez que esto haya sido investigado, creemos que llegará el momento, en una tercera etapa, de proceder a formalizar a las autoridades por las negligencias que cometieron y que permitieron que este incendio forestal deviniera en un incendio urbano".

Cabe hacer presente que, a pesar de este revés, la investigación continúa en curso, a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bidema), de la Policía de Investigaciones (PDI).

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