La resolución judicial estableció que el procedimiento policial constituyó una falta de servicio, luego de que el joven fuera privado de libertad tras ser confundido con otra persona que mantenía una orden de detención vigente.
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El Primer Juzgado Civil de Antofagasta condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $30 millones de pesos a un estudiante de gastronomía que fue detenido por error durante un control de identidad realizado en 2020.
La resolución judicial estableció que el procedimiento policial constituyó una falta de servicio, luego de que el joven fuera privado de libertad tras ser confundido con otra persona que mantenía una orden de detención vigente.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el estudiante fue interceptado por funcionarios de Carabineros en las cercanías de su lugar de estudios. El procedimiento ocurrió frente a sus compañeros, quienes presenciaron el momento en que fue arrestado y trasladado a una unidad policial.
Tras la detención, el joven permaneció tres días en un calabozo mientras se esperaba la realización de un control de detención que finalmente no correspondía.
La confusión se originó debido a que su nombre coincidía con el de una persona buscada por delitos cometidos en la comuna de Cañete.
Durante el proceso judicial se estableció que la situación pudo haberse evitado con una verificación más exhaustiva de los antecedentes. Según indicó el tribunal, existían al menos 18 personas asociadas a la misma identidad que motivó la detención, información que podía confirmarse fácilmente mediante una búsqueda básica.
En su fallo, el magistrado calificó el procedimiento como un “grosero descuido”, señalando que la actuación policial derivó en una privación de libertad injustificada.
La resolución judicial acogió la demanda civil presentada por el afectado y determinó que el episodio constituye una “manifiesta falta de servicio por parte de funcionarios públicos”.
Asimismo, el tribunal consideró que la exposición pública del estudiante frente a sus compañeros y la angustia generada por permanecer detenido durante 72 horas sin fundamento justifican el pago de la indemnización ordenada al Estado.
PURANOTICIA
