Hernán Meneses Leal comparece ante la justicia tras el asesinato de una inspectora y las lesiones causadas a otras cuatro personas en el Instituto Obispo Silva Lezaeta.
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Este sábado, el Juzgado de Garantía de Calama llevará a cabo el control de detención y la formalización de Hernán Cristóbal Meneses Leal, joven de 18 años y alumno de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta. El imputado es sindicado como el autor de una agresión con arma blanca que terminó con la vida de una funcionaria y dejó a cuatro personas heridas en el recinto educacional de la ciudad minera.
La tragedia se desencadenó cerca de las 10:30 horas de este viernes, cuando Meneses Leal atacó inicialmente a la inspectora María Victoria Reyes (59), quien falleció en el patio del establecimiento tras recibir una estocada en el tórax. Posteriormente, la agresión se extendió hacia la inspectora Ayde Moya y tres estudiantes de 16 años. Tanto Moya como uno de los alumnos resultaron con lesiones de carácter grave.
La tesis del Ministerio Público apunta a una acción premeditada motivada por supuestas rencillas previas con un compañero. Al momento de ser reducido por docentes y alumnos, el atacante portaba dos mochilas con un arsenal que incluía un machete, dos puñales, un bastón retráctil, gas pimienta, líquido acelerante y un artefacto que simulaba ser una bomba.
A las pruebas materiales se suma evidencia digital recolectada. El joven habría difundido imágenes de cuchillos y animaciones violentas en Instagram, además de programar un video en YouTube titulado “Ataque en el instituto Lazaeta”, el cual fue eliminado por la plataforma tras el suceso. En sus publicaciones, Meneses Leal incluso habría reivindicado ataques similares ocurridos en el extranjero.
Debido a la gravedad del caso, la Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso un fiscal preferente y el trabajo de un equipo especializado de la Fiscalía ECOH, apoyado por la Brigada de Homicidios de la PDI. El imputado, quien será procesado como un adulto para todos los efectos legales, se encuentra bajo custodia policial mientras el Gobierno ya confirmó la presentación de una querella criminal en su contra.
El hecho generó una inmediata reacción desde el Palacio de La Moneda. El Presidente José Antonio Kast enfatizó que "un colegio no puede ser un lugar de violencia" y ordenó el despliegue en la zona de las ministras de Educación, María Paz Arzola, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, con el fin de liderar la respuesta institucional en terreno.
Desde el municipio, el alcalde Eliecer Chamorro decretó tres días de duelo comunal y propuso la instalación de detectores de metales en los accesos a los colegios. Esta medida fue respaldada por la ministra Steinert, quien sostuvo que “no es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”.
Finalmente, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, recordó las advertencias previas del gremio sobre el aumento de la agresividad en las aulas. "Dijimos, más de una vez, va a llegar un momento en que ocurra un hecho dramático, terrible. Podemos llegar a tener muertes en los colegios, en algún colegio, porque la violencia está escalando. Y esta es una interpelación que hacemos ante esta dramática situación", sentenció el dirigente.
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