La indagatoria se habría iniciado luego de que se detectaran mensajes entre la parlamentaria y su expareja, Daniel Andrade, abordando el hecho.
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La diputada Catalina Pérez (Ind – exFrente Amplio) está siendo investigada por un presunto delito de aborto, esto luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta detectara mensajes entre la parlamentaria y su expareja Daniel Andrade, abordando el hecho.
Esto surge de la indagatoria en el marco del «Caso Convenios», por el cual actualmente Andrade se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco.
Es en esta misma causa, la Fiscalía solicitó el desafuero de Pérez. La petición se realizará formalmente el próximo 10 de febrero ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La investigación está a cargo del al fiscal Cristian Aguilar quien habría descubierto en las conversaciones de WhatsApp en poder del ente persecutor, que la parlamentaria interrumpió un embarazo, por lo que se evaluará si existen elementos de prueba suficientes para perseguir penalmente a la diputada por este delito, en caso de tratarse un aborto fuera de las tres causales permitidas por ley.
Por ahora, tanto el equipo de la legisladora como el de la Fiscalía de Antofagasta no han entregado declaraciones al respecto, como tampoco lo hicieron los abogados de Daniel Andrade, exfundador de Democracia Viva y expareja de la congresista.
Según la publicación, diferentes fuentes no reveladas confirmaron que los hechos que motivan la nueva causa son intercambios que ambos exmilitantes de Revolución Democrática mantuvieron entre las jornadas del miércoles 21 y el lunes 26 de diciembre de 2022, es decir, antes que estallase el «Caso Convenios».
A partir de este hallazgo, el fiscal Aguilar comenzó a trazar líneas investigativas respecto a si efectivamente la imputada se realizó de forma clandestina un aborto.
Con dichos antecedentes en su poder, el persecutor pidió el visto bueno del Juzgado de Garantía de Antofagasta para la utilización de estas conversaciones, que nada tiene que ver con los hechos indagados en el caso de la fundación Democracia Viva, para solicitar diligencias intrusivas.
Lo anterior llevó a que el martes 7 de enero la jueza Sissi Bertoglio-Talap del Juzgado de Garantía de Antofagasta accediera a la solicitud, determinando que dichas conversaciones podían usarse “como evidencia y medio de prueba”.
Por tal razón, se dictó orden de entrada y registro para allanar las dependencias de un recinto médico ubicado en el sector oriente de la capital con el objetivo de incautar la ficha clínica de Pérez y otros documentos, pesquisas catalogadas como “relevantes y diligentes” para el esclarecimiento de los hechos investigados.
PURANOTICIA
